Desde que el Presidente Rodríguez Zapatero anunció la urgente reforma del artículo 135 de la Constitución de 1.978, muchas han sido las voces provenientes de nuestro entorno ideológico más cercano mostrando su legítimo desacuerdo y malestar. Opiniones que se han visto también acompañadas de la oposición a la reforma por parte de los partidos nacionalistas.
Los primeros sustentan su posición en que la inclusión en la Constitución de un techo de déficit supone la asunción de un principio ideológico conservador en un texto que no debe nunca inclinarse en el terreno de los principios hacia ninguna de las opciones políticas o filosóficas en liza. Al introducir este principio en el texto se quebraría su equilibrio ideológico, sustrayendo a futuros gobiernos el recurso a uno de los instrumentos fundamentales de la política económica de orientación keyenesiana como es el recurso a la deuda y a los estabilizadores automáticos en época de crisis.
Los segundos aluden más a las formas, al hecho de que, al venir ya pactada la reforma por los dos grandes partidos - suficientes para alcanzar la mayoría de 3/5 que fija la Carta Magna - y a la premura de la misma, se ha orillado el concurso de quien estuvo en el consenso constitucional desde el inicio - CiU -, creando un precedente que, reconozcámoslo, trae algo de intranquilidad y desasosiego.
Ambos pueden tener parte de razón. Pero en momentos como los que estamos viviendo se echa en falta un poquito más de grandeza y un menos de interés propio, porque ninguno de ellos puede desconocer la realidad a la que nos enfrentamos, ni la situación límite que afrontamos como país y como proyecto europeo.
Somos parte de un club de privilegiados, empecemos por aquí. Europa significa libertad, desarrollo, progreso, igualdad de oportunidades, derechos sociales, protección de los débiles, ... es la concreción más perfecta de Estado social de derecho desde el principio de los tiempos. Nadie puede oponer otro ejemplo mejor. Convinamos, pues, en decir que Europa, la Unión Europea, nos ha venido muy bien y la necesitamos. Sin ella habríamos vivido, y viviríamos, mucho peor.
Las decisiones en el seno de la UE se toman por consenso y mediante acuerdos. Y la decisión que ha traído como consecuencia que el Banco Central Europeo compre nuestros títulos de deuda en el mercado secundario haciendo con ello que nuestra prima de riesgo caiga, a la vez que aquella que va a permitir la emisión de deuda europea como tal - los famosos eurobonos -, abandonando la emisión por parte de cada país, también se ha tomado por acuerdo. No conviene, tampoco, perder de vista que el porcentaje que cubre Alemania del nuevo y ampliado fondo de rescate alcanza el 27 % del total.
Y Alemania, como el resto de países de la Unión, deben aprobar en sus respectivos parlamentos estas medidas. Todas esas asambleas legislativas son como las nuestras, interviene el juego de la política, el tacticismo, el momento y la circunstancia, general y de cada cual ... y ya se oye que va a haber problemas en algunos países a la hora de las votaciones en sus respectivos parlamentos - Alemania, Holanda, Finlandia,...-.
Las decisiones y acuerdos consensuados suponen que todo el mundo cede algo de su posición para acercarse a un espacio compartido y común. Alemania acepta salvar el Euro, acepta pagar casi un tercio de toda la factura de esta crisis de deuda, pero eso le va a poner en muchos aprietos con su propio electorado, que no quiere pagar por los "desmanes de los despilfarradores y manirrotos del sur" -. Necesita, pues, una salida.
La salida que el resto de países -los que vamos a ser salvados por Alemania, no lo olvidemos - le da a la Canciller Merkel es, precisamente, la garantía de que algo así no va a volver a ocurrir: la constitucionalización del techo de déficit en los textos de cada país, como ya hicieron los propios alemanes hace un par de años.
Alemania acepta pagar la factura, pero a cambio quiere garantías y una salida con su propio electorado - la valoración de la Canciller en su país, como la de todos los gobernantes que se han enfrentado a esta recesión, está en unos porcentajes también muy bajos -.
Este es el acuerdo, y estas son sus condiciones.
¿Hubiera sido deseable que el proceso de reforma constitucional se hubiera hecho en todos los países a la vez?, sí, es cierto. ¿Hubiera sido mejor hablar con CiU desde el inicio y así incorporarla al consenso que de fondo comparte? - Convergencia milita en el mismo partido que la CDU, el partido de la Canciller, en el Parlamento Europeo -, también. ¿Es necesario reformar la Constitución para introducir en la legislación el techo del déficil?, parece que no - aunque bien es cierto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2.006 no ha impedido que alcanzáramos el 9% de déficit en estos últimos años de tremenda recesión -. Pero este es el momento excepcional que nos ha tocado vivir, y afrontar.
Hemos reformado la Constitución, en consecuencia, porque respetamos los acuerdos alcanzados en el seno de la UE, de la que formamos parte junto al resto de nuestros socios.
Hay otra salida, también es cierto: abandonar la UE, y así no respetar esos acuerdos "dictados por los mercados financieros y las potencias extranjeras". Pero las consecuencias serían las siguientes: incremento desorbitado de la prima de riesgo; intervención del FMI y ajuste drástico, sin margen, en el presupuesto en forma de recortes sociales; más familias y personas en dificultades y, por último, diez años de estancamiento económico, sin posibilidad de reducir los índices de desempleo entre tanto. En fin, algo parecido al infierno.
El Presidente Zapatero y el PSOE han hecho, una vez más, un ejercicio de responsabilidad que está a la altura de los tiempos.
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