El mejor Gobierno para el AltoAragón.

A estas alturas parece complicado llamar la atención de los ciudadanos para tratar de explicarles el grado de cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista en estos últimos cuatro años. Aunque ese, junto a las propuestas presentadas en el programa para el 20-N, debería ser el termómetro, la vara de medir, que nos permitiera evaluar el grado de cumplimiento de la palabra y compromisos de unos y otros.

Valorar ese grado de compromiso debería ser obligado para, entre otras cosas, poder predecir la verosimilitud de las propuestas para los próximos cuatro años que efectuamos en estos días. En anteriores textos hemos intentado explicar algunas de las causas y consecuencias de la complicada situación económica que atraviesa todo occidente. Como solía decir el Presidente Iglesias, Zapatero no era ni ha sido tan importante como para él sólo - siquiera acompañado del resto del Partido Socialista - hacer caer a las economías occidentales en la peor recesión que el mundo ha conocido desde 1.929. 

Habría, en consecuencia, que evaluar la gestión del gobierno en estos años según las decisiones políticas que ha tomado dentro de su ámbito de actuación, según las elecciones de inversión y las actuaciones decididas entre las diversas opciones que se plantean en cualquier acción de gobierno. Y la decisiones de inversión pública del Gobierno de la nación en estos últimos 8 años en el Altoraragón son una elección política cuyos importes, en lugar de acabar recalando aquí, lo podrían haber hecho en otro lugar.

Un nivel de inversiones en el Altoaragón como el experimentado en estos años es un hecho excepcional en la historia de nuestra Comunidad. Parece obvio que arrancar este tipo de decisiones en Madrid por parte de una provincia como la nuestra no es fruto ni resultado de haber utilizado las mismas reglas con las que negocian otros territorios más poblados y, por lo mismo, con mayor capacidad de presión en atención a los votos que representan. Parece razonable, en consecuencia, apuntar que el hecho diferencial es otro, y más cerca estaría de la capacidad de influencia que sobre el gobierno ha tenido un alto cargo del mismo durante estos años que de los motivos al uso en cualquier negociación política. 

El hecho diferencial es el trabajo del Secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán. 

Los ciudadanos que nos hemos visto beneficiados con la construcción de la autovía y con la riqueza y progreso que va a traer en estos años- compromiso casi personal de Morlán y que ha cumplido a pesar de las terribles dificultades de estos último años - veremos cómo, gracias a esta actuación, a lo largo de su eje van apareciendo en los próximos años polígonos industriales, superficies comerciales, nuevos asentamientos, puestos de trabajo,... 

Son tiempos difíciles para explicar esto, pero hay que hacerlo. Los ciudadanos están más en los 5 millones de parados, en casi la mitad de la gente joven desempleada y pensando, incluso, en emigrar en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades, ...; pero eso no puede ser óbice para reconocer que Víctor Morlán y el Partido Socialista han cumplido sus compromisos con la provincia de Huesca. Y detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo del Secretario de Estado de Infraestructuras.

Ese trabajo hay que valorarlo y agradecérselo a quien se ha dedicado a servir a su tierra desde el puesto de responsabilidad que ha tenido en estos años. 

¿Por qué hemos reformado la Constitución?

Desde que el Presidente Rodríguez Zapatero anunció la urgente reforma del artículo 135 de la Constitución de 1.978, muchas han sido las voces provenientes de nuestro entorno ideológico más cercano mostrando su legítimo desacuerdo y malestar. Opiniones que se han visto también acompañadas de la oposición a la reforma por parte de los partidos nacionalistas.
Los primeros sustentan su posición en que la inclusión en la Constitución de un techo de déficit supone la asunción de un principio ideológico conservador en un texto que no debe nunca inclinarse en el terreno de los principios hacia ninguna de las opciones políticas o filosóficas en liza. Al introducir este principio en el texto se quebraría su equilibrio ideológico, sustrayendo a futuros gobiernos el recurso a uno de los instrumentos fundamentales de la política económica de orientación keyenesiana como es el recurso a la deuda y a los estabilizadores automáticos en época de crisis.
Los segundos aluden más a las formas, al hecho de que, al venir ya pactada la reforma por los dos grandes partidos - suficientes para alcanzar la mayoría de 3/5 que fija la Carta Magna - y a la premura de la misma, se ha orillado el concurso de quien estuvo en el consenso constitucional desde el inicio - CiU -, creando un precedente que, reconozcámoslo, trae algo de intranquilidad y desasosiego.
Ambos pueden tener parte de razón. Pero en momentos como los que estamos viviendo se echa en falta un poquito más de grandeza y un menos de interés propio, porque ninguno de ellos puede desconocer la realidad a la que nos enfrentamos, ni la situación límite que afrontamos como país y como proyecto europeo.
Somos parte de un club de privilegiados, empecemos por aquí. Europa significa libertad, desarrollo, progreso, igualdad de oportunidades, derechos sociales, protección de los débiles, ... es la concreción más perfecta de Estado social de derecho desde el principio de los tiempos. Nadie puede oponer otro ejemplo mejor. Convinamos, pues, en decir que Europa, la Unión Europea, nos ha venido muy bien y la necesitamos. Sin ella habríamos vivido, y viviríamos, mucho peor.
Las decisiones en el seno de la UE se toman por consenso y mediante acuerdos. Y la decisión que ha traído como consecuencia que el Banco Central Europeo compre nuestros títulos de deuda en el mercado secundario haciendo con ello que nuestra prima de riesgo caiga, a la vez que aquella que va a permitir la emisión de deuda europea como tal - los famosos eurobonos -, abandonando la emisión por parte de cada país, también se ha tomado por acuerdo. No conviene, tampoco, perder de vista que el porcentaje que cubre Alemania del nuevo y ampliado fondo de rescate alcanza el 27 % del total.
Y Alemania, como el resto de países de la Unión, deben aprobar en sus respectivos parlamentos estas medidas. Todas esas asambleas legislativas son como las nuestras, interviene el juego de la política, el tacticismo, el momento y la circunstancia, general y de cada cual ... y ya se oye que va a haber problemas en algunos países a la hora de las votaciones en sus respectivos parlamentos - Alemania, Holanda, Finlandia,...-.
Las decisiones y acuerdos consensuados suponen que todo el mundo cede algo de su posición para acercarse a un espacio compartido y común. Alemania acepta salvar el Euro, acepta pagar casi un tercio de toda la factura de esta crisis de deuda, pero eso le va a poner en muchos aprietos con su propio electorado, que no quiere pagar por los "desmanes de los despilfarradores y manirrotos del sur" -. Necesita, pues, una salida.
La salida que el resto de países  -los que vamos a ser salvados por Alemania, no lo olvidemos - le da a la Canciller Merkel es, precisamente, la garantía de que algo así no va a volver a ocurrir: la constitucionalización del techo de déficit en los textos de cada país, como ya hicieron los propios alemanes hace un par de años.
Alemania acepta pagar la factura, pero a cambio quiere garantías y una salida con su propio electorado - la valoración de la Canciller en su país, como la de todos los gobernantes que se han enfrentado a esta recesión, está en unos porcentajes también muy bajos -.
Este es el acuerdo, y estas son sus condiciones.
¿Hubiera sido deseable que el proceso de reforma constitucional se hubiera hecho en todos los países a la vez?, sí, es cierto. ¿Hubiera sido mejor hablar con CiU desde el inicio y así incorporarla al consenso que de fondo comparte? - Convergencia milita en el mismo partido que la CDU, el partido de la Canciller, en el Parlamento Europeo -, también. ¿Es necesario reformar la Constitución para introducir en la legislación el techo del déficil?, parece que no - aunque bien es cierto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2.006 no ha impedido que alcanzáramos el 9% de déficit en estos últimos años de tremenda recesión -. Pero este es el momento excepcional que nos ha tocado vivir, y afrontar.
Hemos reformado la Constitución, en consecuencia, porque respetamos los acuerdos alcanzados en el seno de la UE, de la que formamos parte junto al resto de nuestros socios.
Hay otra salida, también es cierto: abandonar la UE, y así no respetar esos acuerdos "dictados por los mercados financieros y las potencias extranjeras". Pero las consecuencias serían las siguientes: incremento desorbitado de la prima de riesgo; intervención del FMI y ajuste drástico, sin margen, en el presupuesto en forma de recortes sociales; más familias y personas en dificultades y, por último, diez años de estancamiento económico, sin posibilidad de reducir los índices de desempleo entre tanto. En fin, algo parecido al infierno.
El Presidente Zapatero y el PSOE han hecho, una vez más, un ejercicio de responsabilidad que está a la altura de los tiempos.