(Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 7/09/12)
Pertenezco a una generación que creció en un país con una conciencia generalizada de falta de desarrollo y atraso respecto a nuestros vecinos europeos.
En 1978 comprobamos que, por fin, llegábamos a una estación término a partir de la cual, ya en la vía correcta, tan sólo quedaba acortar la distancia que doscientos años de liberalismo e industrialización habían provocado. En nuestro caso, por su ausencia.
La entrada en las Comunidades Europeas en el año 1986 vino a consolidar el sistema político establecido en la Constitución y, a partir de ahí, los hechos parecieron confirmar la hipótesis: la democracia y la europeización de España eran la solución al problema de España, tal y como habían aventurado Costa, Unamuno u Ortega.
Cada año acortábamos distancias, el diferencial de renta per cápita con respecto a los países más ricos del continente disminuía, nuestras infraestructuras, gracias a nuestros socios europeos y a su ayuda, eran cada vez mejores.
Los que estuvimos convencidos de que, por fin, la Constitución y la democracia de 1978, suponían una verdadera solución de continuidad en nuestra trágica y tortuosa historia contemporánea, comprobamos a día de hoy que la situación que vive el país nos ha dejado aparentemente sin respuestas.
Adelanto, en todo caso, que no voy a aportar ninguna idea novedosa: la solución al problema del atraso secular de España con respecto a nuestros vecinos del norte sigue siendo más europeización, más Europa. Así como la causa de nuestro retraso es la falta de ella durante mucho tiempo, demasiado. Suele decirse que la culpa de todo lo que nos ocurre es de la herencia recibida. Tal cosa no resiste ningún análisis riguroso.
La causa eficiente de la burbuja, y de las consecuencias de su pinchazo, ha sido la marea de dinero barato que ha inundado España desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2008.
Disponer de tipos de interés casi negativos durante más de una década era una experiencia de la que nadie tenía recuerdo. Sencillamente, porque nunca antes había ocurrido algo parecido. El dinero era un bien escaso en un país con pocos recursos, de ahí que hasta hace veinte años a nadie extrañaba que los créditos se concedieran a tipos de dos dígitos ---al 15%, 18%--- . Pero entramos en el euro y pasamos a disfrutar de sus ventajas, entre ellas, intereses al 3% ó 4%.
La consecuencia es conocida: España acumula uno de los mayores índices de deuda privada en relación a su PIB de todo el mundo. Parece obvio que quien se ha dedicado a hacer negocio prestando y moviendo dinero barato han sido las instituciones financieras, y en muchos casos también parece obvio que sus análisis de riesgos no han sido todo lo diligentes y eficientes que la praxis de la profesión requería. Alguna responsabilidad habrá que exigir en este punto.
Al gobierno de Zapatero es al primero que le tocó lidiar con el asunto. De ahí que en mayo de 2010 el Presidente compareciera en el Congreso para anunciar la bajada de un 5% de las nóminas de los funcionarios, la congelación de las pensiones más cuantiosas y la subida de 2 puntos del IVA.
El Partido Popular se opuso, e hizo campaña tratando de ganar apoyos para que el Gobierno perdiera la votación y, acto seguido, convocara elecciones anticipadas. No ocurrió entonces, pero a finales de diciembre de 2011 el Partido Popular accede al gobierno.
No obstante, y como consecuencia de la especial vigilancia a la que nos someten nuestros socios europeos, el presupuesto hay que seguir ajustándolo para poder devolver el dinero que debemos y que deberemos. Como las familias que reducen todo gasto para poder pagar la hipoteca, el Partido Popular se ve ahora obligado a aplicar las medidas de ajuste y recortes de gasto que le exige la UE, como antes lo estuvo el gobierno socialista de Zapatero.
En este contexto, ¿cuál debería ser la posición del Partido Socialista? Lo diré pronto: la contraria a la que tuvo el PP en la oposición. Y ello no por marcar la diferencia, sino por responsabilidad y sentido de Estado. Está en juego nuestro proyecto de país, el proyecto europeo, el proyecto que la izquierda española lidera desdeFelipe González.
No podemos caer en los mismos errores y en el mismo pozo que el Partido Popular. La modernización de España siempre ha sido cosa de la izquierda, y en ese empeño casi siempre ha estado sola. No podemos criticar los recortes cuando fuimos nosotros los primeros que los pusimos en práctica. No podemos pedir al gobierno que rechace el rescate porque, sencillamente, y también lo sabemos como ellos lo supieron en su día, no está en su mano.
Llamamos rescate a aceptar el dinero que nos presta la única institución que todavía se fía un poco de nosotros: la UE. Si no aceptamos ese dinero, no habrá liquidez para pagar servicios, ni nóminas, ni compromisos de gasto. Sin ese dinero no podemos pagar las mensualidades de nuestro estado de bienestar.
Es precisamente en este punto cuando procede afrontar la situación con un gran consenso nacional, a la manera de los Pactos de la Moncloa del año 1977, para respaldar las medidas acordadas con nuestros socios europeos, acordar otras nuevas que puedan ser más eficaces, y llevar a cabo las grandes reformas --todavía no abordadas-- que el país necesita para encarar las próximas décadas: reforma impositiva, reforma política, reforma de la administración.
El tiempo se acaba. Nuestro crédito en la UE se va degradando con rapidez. Si queremos volver a la senda que iniciamos en el año 1978 urge que el país se presente ante el exterior haciendo frente común, fruto de un gran consenso nacional que pivote sobre nuestra firme voluntad de seguir avanzando por la vía correcta: la vía de nuestra europeización, la vía del proyecto europeo, la vía de nuestro proyecto de país.
