Parece que, aun con sobresaltos - aún quedan unos cuantos por venir -, la Unión Europea - es decir, Alemania y la Canciller Merkel - están haciéndose con la situación y están, efectivamente, aportando soluciones para resolver el problema de la deuda soberana de los países del Euro.
Con todas las dificultades que desde aquí hemos venido apuntando, entre las que no es la menor convencer a su propio partido y a su electorado, Merkel está cumpliendo su parte del trato y va a poner el dinero necesario para defender la moneda única y, en definitiva, nuestro modelo de civilización, el europeo. En este punto es importante hacer notar que, desde el inicio de la tormenta, el SPD ha apoyado a la Canciller en esta materia porque ha entendido que lo que estaba en juego no sólo era una cuestión de Estado para Alemania, sino para toda la Europa unida. Se trata de un claro ejemplo de posición responsable ante una cuestión fundamental para el futuro del continente, renunciando, y demostrando por ello una gran altura de miras, a la posibilidad de utilizar la cuestión como un asunto más de debate en la batalla política partidista. Es curioso que siempre parecen tener más sensibilidad por los asuntos de Estado, en cualquier lugar, los socialdemócratas que los conservadores, pero esto queda para otra ocasión.
Parece también que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho y está haciendo lo que debe, lo que está en su mano, para contribuir a solucionar una situación que tenía, y sigue teniendo, mucho de inevitable tragedia. El compromiso de reducción del déficit presupuestario se va cumpliendo - al margen de toda la lista de reformas ya enumeradas en anteriores ocasiones -, y la prima de riesgo en nuestros bonos de deuda pública está ya claramente por debajo de Italia.
Fijémonos en que, hasta la puesta en marcha de las reformas, España era considerada como uno más de los países "incumplidores" del Sur - ya hemos visto, también en anteriores ocasiones, que injustamente -, abocado irremediablemente al rescate financiero, tal y como ha ocurrido con Grecia, Irlanda y Portugal. El siguiente era España.
Pero España ha venido haciendo los deberes desde entonces, otros parece que no tanto, y lo que se cernía sobre nuestro horizonte como un mal inevitable ya no lo parece tanto. Hemos cumplido con nuestros socios europeos, y ellos van a cumplir con nosotros. Se puede decir un poco más claro: las medidas y las reforma aplicadas desde el Gobierno van a impedir lo que hace un año parecía casi verdad segura, que el país fuera intervenido.
Pero el control del déficit público no sólo depende de las medidas del Gobierno central, a esos efectos también resulta obligado imponer límites al déficit de las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos. De hecho, los dos asuntos sobre lo que todavía seguimos sufriendo una vigilancia especial por parte de nuestros acreedores son, precisamente, la evolución del déficit de las Comunidades Autónomas - donde eran mayoría las que prácticamente en el tercer trimestre ya habían alcanzado el tope de déficit fijado por el Ministerio de Economía para todo el año -, y los balances de los bancos, afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
De ahí que sea tan importante cerrar cuanto antes la reforma de las cajas, y de ahí, también, que sea igual de importante no mandar señales a nuestros acreedores que pongan en duda los objetivos de déficit a los que se ha comprometido con nuestros socios europeos el Gobierno de la nación.
El problema que aparece en la cuestión autonómica es complicado, dadas las dificultades que siempre se dan en la negociación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Todo el mundo quiere más recursos para poder hacer más en su territorio y, así, poder rentabilizarlo electoralmente. En los últimos años, y a la vista de los resultados que en esta materia ofrece el modelo de concierto vasco, venimos observando que los partidos nacionalistas están orientando su posición hacia un sistema que sólo puede subsistir, precisamente, si no se generaliza, si sigue circunscrito a Navarra y el País Vasco - los derechos históricos de los territorios vascos los dejamos para otra ocasión también -. Su generalización, en todo caso, llevaría a la quiebra de la hacienda estatal, esta vez sí.
En estos días, los distintos gobiernos autonómicos deben tomar las medidas oportunas para cumplir con el objetivo del déficit fijado por el Ministerio de Economía. Ya vemos la forma que tienen de reducir gastos las Comunidades gobernadas por el PP, tampoco conviene olvidarlo, pues nunca puede ser justo ajustar gastos suprimiendo derechos fundamentales de los que menos tienen - la educación de sus hijos, la Sanidad pública y gratuita, las ayudas a la dependencia,... -. En Aragón, el PAR presentó una iniciativa en las Cortes esta semana en que pedía que se tuvieran en cuenta las "singularidades" de Aragón a la hora de fijar el techo de déficit de nuestra Comunidad. Es una forma de solicitar un trato "diferente" al Ministerio, haciendo valer unos argumentos y circunstancias propias que, es cierto, están recogidos en nuestro Estatuto - dispersión de la población, territorio del interior, estructura demográfica,...-, como otras "singularidades" están recogidas en otros.
No entramos a valorar en este momento la virtualidad o no de esas circunstancias especiales que pueblan la práctica totalidad de los estatutos de segunda generación, los reformados en los últimos años. Pero nos atreveríamos a decir que su eficacia jurídica es cuestionable y, en cualquier caso, menor a la pretendida por el PAR.
En todo caso, y para concluir, se trata de un paso más dentro de ese camino emprendido por el PAR de apuntar hacia el modelo de concierto económico o, al menos, en este caso, de hacer valer las singularidades propias de Aragón para conseguir un techo de déficit mayor al que nos fija el Ministerio de Economía. El problema es, nuevamente, que estamos pidiendo algo que no es generalizable, porque, si lo fuera, España incumpliría sus compromisos de reducción del déficit con nuestros socios europeos. Y, si eso ocurriera, nuestros acreedores volverían a atacar a nuestra deuda con más ímpetu, poniendo en riesgo lo logrado hasta ahora, y volviendo a aparecer en el horizonte las sombras de la intervención de nuestra economía.
Cierto es que la situación política particular de cada territorio siempre tiñe todo del color propio del lugar. Pero, como venimos reiterando, vivimos momentos fundamentales para nuestro futuro, y la situación no sólo requiere seguir haciendo política al uso, sino hacer también Política de altura, lo cual significa, en este momento, ser solidario con los objetivos de interés general del país, que pasan por cumplir nuestros compromisos con nuestros socios europeos y evitar, de esta forma, que España se vea abocada a la intervención de su economía.
Nada sería peor para Aragón y los aragoneses que España fuera intervenida.
