(Artículo publicado en el día de hoy por El Periódico de Aragón)
Para imponer el interés general sobre los intereses de los poderosos no se precisa de una nueva constitución
De un tiempo a esta parte, los ciudadanos han vuelto la mirada sobre la política y, admitámoslo, el veredicto emitido no puede ser peor. Sin embargo, no todo cuestionamiento de nuestro actual sistema político obedece a las mismas causas, ni persigue los mismos objetivos. Unos creen que la política ha sido engullida por la voracidad sin medida de los mercados financieros y especulativos. Como la política se vendió a los mercados, esta política no nos representa, por lo que se debe poner en marcha un nuevo proceso constituyente que haga que la política y el poder que de ella nace vuelvan al pueblo, a la ciudadanía.
Otros mensajes provienen de emisores con unas intenciones bien distintas. En este caso, el objetivo último y no confesado dista mucho del perseguido por los movimientos ciudadanos. Aquí nos encontramos más bien con una vuelta a la superficie de esa corriente conservadora que ya en su día no aceptó el Estado autonómico dibujado en la Constitución de 1978. Habría llegado el momento de acabar con lo que ellos entienden que no es más que un germen de futuros procesos secesionistas, con grave riesgo para la futura unidad de España.
Las mareas de fondo del pensamiento conservador contrarias al estado autonómico --cuasi federal, conviene no olvidarlo-- han encontrado en estos tiempos la excusa apropiada para cuestionar abiertamente el proceso de distribución territorial del poder que ordena la Constitución: su supuesto alto coste. Dejaremos esta impostura para mejor ocasión y, en su lugar, abordaremos ahora a los argumentos de las plataformas ciudadanas. España no necesita ningún nuevo proceso constituyente. La Constitución de 1978 es la historia de un éxito que estuvimos persiguiendo durante casi doscientos años, por lo que sería un error dudar de su fiabilidad y eficacia en la organización de nuestra convivencia.
Para imponer el interés general y el bien común sobre los intereses particulares de los poderosos no se precisa de una nueva constitución, basta con hacer las reformas y actualizaciones en nuestro marco constitucional vigente que garanticen y aseguren la supremacía de la Política sobre cualquier otro poder o grupo de presión. A ello contribuiría de forma relevante una modificación de la Ley de Partidos que obligue a que su funcionamiento interno sea democrático. Porque España necesita más política, pero mejor ejercida.
En los últimos tiempo son comunes los análisis de opinión (José Ignacio Torreblanca, Jesús Lizcano,... ) que abogan por una necesaria reforma de nuestro sistema de partidos,con el objeto de realizar una correcta selección de los cargos públicos, fundada en el mérito y la competencia, alejada por tanto de lo que se ha convertido en el itinerario habitual para los que han acabado haciendo de la política su única profesión: el ascenso interno mediante el encuadramiento acrítico en el aparato del partido,dirigido por los que reparten cargos, prebendas, privilegios y nóminas.
Son estos cargos nombrados desde el interior de los partidos los que luego se enfrentan a circunstancias como las presentes, los que tienen la responsabilidad de solucionar crisis y recesiones como la que sufrimos desde hace ya cinco años. La Constitución de 1978 hizo descansar en un sistema de partidos de pluralismo limitado, y en una estructura interna de cada uno de ellos fuerte y cerrada, la necesaria estabilidad de todo el sistema político. No fue por casualidad, si hay algo que los constituyentes del 77-78 querían evitar a toda costa era la inestabilidad y las tendencias centrífugas que se dieron durante la II República.
También aquí la Constitución nos fue útil. Se construyó un sistema de partidos que ha dado estabilidad política al sistema y, gracias a ella, hemos hecho crecer nuestra economía y construido nuestro estado de bienestar.
La Constitución dio todo el poder a los partidos porque en aquel momento la prioridad era la estabilidad política del país. No fue un error. Pero sí lo sería seguir otros 30 años más sin reforma alguna, porque la grave situación actual también es consecuencia indirecta de aquella decisión.
Los actuales partidos no hemos demostrado nuestra utilidad en momentos como el presente, de ahí que la ciudadanía desconfíe de nosotros, a la vez que denosta lo que entiende como privilegios injustificados: grandes nóminas y condiciones laborales que el resto de trabajadores no alcanzará jamás, y ello sin acreditar capacidad ni especial competencia; procesos de selección arbitrarios; confusión de lo público y lo privado que, en muchos más casos de los que nos parece, acaba terminando en comportamientos motivados por el afán de lucro personal.
Sin embargo, no es este momento de menos política, muy al contrario, es el momento de más y mejor Política. Pero para ello es imprescindible legitimar de nuevo su ejercicio mediante la aplicación de algunas reformas que se alejen de la perniciosa derivapor la que nos habíamos deslizado en los últimos años. La elección de los cuadros y candidatas/os de los partidos políticos mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, al modo del Partido Socialista francés, es una de ellas. El proceso de selección así establecido acabaría de golpe con el desmesurado poder que reside en los aparatos de los partidos y en sus cúpulas, poniendo fin a la capacidad de repartir salarios entre los fieles, cuya capacidad y competencia ni siquiera se cuestiona porque "para trabajar ya están los técnicos".
El proceso de selección por primarias abiertas acabaría igualmente con la abusiva permanencia en puestos de responsabilidad y poder interno de gente que hizo en su día del partido su medio de vida e, incluso, de propio enriquecimiento, no sólo suyo, sino de sus próximos.En definitiva, obligaría a los candidatos y dirigentes así elegidos a un esfuerzo continuo de apertura y transparencia.
Claro que hace falta más política, como hacen falta mejores políticos, desinteresados y honestos, para mejor defender el interés general y el bien común, y, por encima de todo, para mejor proteger a quienes sólo cuentan con la Política como garantía de igualdad frente a los poderosos.
