(Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 24 de julio de 2.013)
Hace
unas semanas presentaba el PSOE su propuesta de reforma territorial del Estado
como contrapeso al órdago independentista lanzado meses atrás por CiU. Por enésima vez en nuestra historia moderna y
contemporánea, nos encontraríamos con nuestro mapa territorial sometido a
discusión y debate.
La
actual dirección socialista ha tratado de hacer de la necesidad virtud y ha
optado por ir a la búsqueda de un discurso que, por un lado, sea asumible por los
socialistas catalanes, ocupando un espacio de moderación que resulte equidistante
entre los dos extremos en los que se han instalado tanto el independentismo
catalán como el rancio nacionalismo español. El PSC sabe que la defensa del
independentismo sería muy perjudicial para sus aspiraciones electorales, pero
tampoco desconoce que en Cataluña resulta todavía peor aparecer en posiciones
próximas al PP, al que su deriva antiestatutaria de los últimos años lo
convirtió para el sentir general en un partido próximo al anticatalanismo.
Por
otro lado, el PSOE pretende aparecer ante la ciudadanía como un partido que da
respuesta a las demandas de cambio y reformas políticas provenientes del
electorado. La reforma del Título VIII de la Constitución le volvería a dar al
partido un barniz de frescura y conexión con las inquietudes de la calle.
¿Basta
la propuesta federalista para conseguirlo? Convendría centrar aun en sus
mínimos los términos de la discusión, en
primer lugar, para ahuyentar los miedos de quienes identifican federalismo con
una fuente del separatismo y, después, para contrastar si una reforma de este
calado es suficiente para dar respuesta a las señales de cambio que llegan de
los ciudadanos.
Nuestro
actual sistema autonómico se encuentra muy próximo al Estado federal. El
federalismo, como el Estado autonómico, parte de una posición de principio: la
soberanía - el derecho a decidir -, es única y reside en el conjunto del pueblo
español, alemán, estadounidense,…. Primera conclusión: ningún estado federado,
ninguna comunidad autónoma, tiene reconocido el derecho a decidir al margen del
resto de ciudadanos del Estado federal. Dentro de esta lógica, tampoco lo tiene
ni lo podría tener Cataluña.
La
Constitución reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que
conforman el Estado, porque parte de la tesis de que la aplicación del
principio de subsidiariedad (toda decisión debe tomarse en el nivel
administrativo posible más próximo al ciudadano) garantiza una administración
más cercana y, en consecuencia, más eficaz en la respuesta a los problemas de
la gente y, también, un mayor respeto a
las identidades propias de cada uno de esos territorios.
La
Constitución establece la distribución de competencias entre el Estado central
y las autonomías o estados federados, a la vez que, con fundamento en los
principios de cooperación y coordinación, trata de resolver aquellas dudas que
pudieran plantear algún tipo de roce competencial entre administraciones.
Existe
una anomalía en nuestro sistema político, y es aquella que hace que nuestro
Estado Autonómico no pueda ser llamado federal. Se llama Senado. La
Constitución lo define como cámara de representación territorial, al modo de
los Estados federales, pero a continuación le otorga las funciones propias de
una cámara de segunda lectura – donde se ve por segunda vez lo que ya se ha
visto y se ha votado en el Congreso -, lo que la hace prácticamente inservible.
Esta es la principal reforma que, con
toda la razón, el PSOE ve necesaria. Pero conviene no engañarse sobre los
frutos que la misma puede dar desde el punto de vista de la apuesta
independentista de CiU. Una reforma que convierta al Senado en cámara de
representación territorial, donde se debatan y
voten las leyes cuyo componente fundamental sea de carácter territorial,
o que afecte a las competencias de las comunidades autónomas, o a su
financiación, no es lo que quiere CiU. Ni tampoco el PNV.
El
federalismo no permite la desigualdad entre los ciudadanos del Estado. El
federalismo no es compatible con el concierto económico ni con el pacto fiscal
ni, en última instancia, con la bilateralidad. Si lo que perseguimos es
simplemente la forma de encajar las dificultades del PSC para encontrar su espacio
en lugar de dar solución definitiva a la anomalía que en nuestro sistema
político pervive desde sus comienzos, quizá baste con reformar la actual
Constitución y estudiar la forma de generalizar la famosa disposición adicional
mediante la que se coló en su día el concierto navarro y vasco para hacer lo
mismo ahora con Cataluña – y con los que vengan después, lo que sin duda
supondría el fin de nuestro actual modelo de convivencia -. Pero si por lo que
optamos es por ir al fondo del asunto, la reforma del Senado tiene como fin de
trayecto la garantía en la igualdad de derechos y deberes de todos los
ciudadanos, lo que implica, fundamentalmente, la igualdad de raíz en el acceso
a los servicios públicos por parte de todos ellos.
¿Será
suficiente esta apuesta reformista para recuperar el favor ciudadano? La
reforma constitucional del Senado no
parece encontrarse entre sus prioridades, que ahora mismo pasan por el rechazo
de todo aquello que iguala a la política con los privilegios de clase y la
corrupción.
Las
reformas que requiere el momento son aquellas que hablan de mejorar el sistema
para hacerlo más justo, las que piden transparencia absoluta de la
administración y de sus administradores; la lucha efectiva, contundente y
creíble contra las prácticas corruptas; las que piden justicia impositiva; las
que piden que los poderes de supervisión y vigilancia de la actividad económica
controlen de forma efectiva al poder del dinero; o, igualmente, las que abogan
por elevar la calidad de nuestra democracia garantizando la igualdad y la
libertad en los procesos de elección interna de todos los actores que
intervienen en el debate público.
La
transparencia en los asuntos públicos genera ciudadanos críticos y formados, lo
que hace a sus sociedades más justas e igualitarias, no hay más que acudir al
ejemplo de la socialdemocracia nórdica para comprobarlo.
