LA CUESTIÓN CATALANA Y EL FEDERALISMO

          (Artículo publicado en Heraldo de Aragón  el 24 de julio de 2.013)     

                Hace unas semanas presentaba el PSOE su propuesta de reforma territorial del Estado como contrapeso al órdago independentista lanzado meses atrás por CiU.  Por enésima vez en nuestra historia moderna y contemporánea, nos encontraríamos con nuestro mapa territorial sometido a discusión y debate.

                La actual dirección socialista ha tratado de hacer de la necesidad virtud y ha optado por ir a la búsqueda de un discurso que, por un lado, sea asumible por los socialistas catalanes, ocupando un espacio de moderación que resulte equidistante entre los dos extremos en los que se han instalado tanto el independentismo catalán como el rancio nacionalismo español. El PSC sabe que la defensa del independentismo sería muy perjudicial para sus aspiraciones electorales, pero tampoco desconoce que en Cataluña resulta todavía peor aparecer en posiciones próximas al PP, al que su deriva antiestatutaria de los últimos años lo convirtió para el sentir general en un partido próximo al anticatalanismo.

                Por otro lado, el PSOE pretende aparecer ante la ciudadanía como un partido que da respuesta a las demandas de cambio y reformas políticas provenientes del electorado. La reforma del Título VIII de la Constitución le volvería a dar al partido un barniz de frescura y conexión con las inquietudes de la calle.

                ¿Basta la propuesta federalista para conseguirlo? Convendría centrar aun en sus mínimos los términos de la discusión,  en primer lugar, para ahuyentar los miedos de quienes identifican federalismo con una fuente del separatismo y, después, para contrastar si una reforma de este calado es suficiente para dar respuesta a las señales de cambio que llegan de los ciudadanos.

                Nuestro actual sistema autonómico se encuentra muy próximo al Estado federal. El federalismo, como el Estado autonómico, parte de una posición de principio: la soberanía - el derecho a decidir -, es única y reside en el conjunto del pueblo español, alemán, estadounidense,…. Primera conclusión: ningún estado federado, ninguna comunidad autónoma, tiene reconocido el derecho a decidir al margen del resto de ciudadanos del Estado federal. Dentro de esta lógica, tampoco lo tiene ni lo podría tener Cataluña.

                La Constitución reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que conforman el Estado, porque parte de la tesis de que la aplicación del principio de subsidiariedad (toda decisión debe tomarse en el nivel administrativo posible más próximo al ciudadano) garantiza una administración más cercana y, en consecuencia, más eficaz en la respuesta a los problemas de la gente  y, también, un mayor respeto a las identidades propias de cada uno de esos territorios.

                La Constitución establece la distribución de competencias entre el Estado central y las autonomías o estados federados, a la vez que, con fundamento en los principios de cooperación y coordinación, trata de resolver aquellas dudas que pudieran plantear algún tipo de roce competencial entre administraciones.

                Existe una anomalía en nuestro sistema político, y es aquella que hace que nuestro Estado Autonómico no pueda ser llamado federal. Se llama Senado. La Constitución lo define como cámara de representación territorial, al modo de los Estados federales, pero a continuación le otorga las funciones propias de una cámara de segunda lectura – donde se ve por segunda vez lo que ya se ha visto y se ha votado en el Congreso -, lo que la hace prácticamente inservible. Esta es la principal  reforma que, con toda la razón, el PSOE ve necesaria. Pero conviene no engañarse sobre los frutos que la misma puede dar desde el punto de vista de la apuesta independentista de CiU. Una reforma que convierta al Senado en cámara de representación territorial, donde se debatan y  voten las leyes cuyo componente fundamental sea de carácter territorial, o que afecte a las competencias de las comunidades autónomas, o a su financiación, no es lo que quiere CiU. Ni tampoco el PNV.

                El federalismo no permite la desigualdad entre los ciudadanos del Estado. El federalismo no es compatible con el concierto económico ni con el pacto fiscal ni, en última instancia, con la bilateralidad. Si lo que perseguimos es simplemente la forma de encajar las dificultades del PSC para encontrar su espacio en lugar de dar solución definitiva a la anomalía que en nuestro sistema político pervive desde sus comienzos, quizá baste con reformar la actual Constitución y estudiar la forma de generalizar la famosa disposición adicional mediante la que se coló en su día el concierto navarro y vasco para hacer lo mismo ahora con Cataluña – y con los que vengan después, lo que sin duda supondría el fin de nuestro actual modelo de convivencia -. Pero si por lo que optamos es por ir al fondo del asunto, la reforma del Senado tiene como fin de trayecto la garantía en la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, lo que implica, fundamentalmente, la igualdad de raíz en el acceso a los servicios públicos por parte de todos ellos.

                ¿Será suficiente esta apuesta reformista para recuperar el favor ciudadano? La reforma constitucional del Senado no  parece encontrarse entre sus prioridades, que ahora mismo pasan por el rechazo de todo aquello que iguala a la política con los privilegios de clase y la corrupción.

                Las reformas que requiere el momento son aquellas que hablan de mejorar el sistema para hacerlo más justo, las que piden transparencia absoluta de la administración y de sus administradores; la lucha efectiva, contundente y creíble contra las prácticas corruptas; las que piden justicia impositiva; las que piden que los poderes de supervisión y vigilancia de la actividad económica controlen de forma efectiva al poder del dinero; o, igualmente, las que abogan por elevar la calidad de nuestra democracia garantizando la igualdad y la libertad en los procesos de elección interna de todos los actores que intervienen en el debate público.

                La transparencia en los asuntos públicos genera ciudadanos críticos y formados, lo que hace a sus sociedades más justas e igualitarias, no hay más que acudir al ejemplo de la socialdemocracia nórdica para comprobarlo. 

ENFERMOS DE RETÓRICA

           (Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 11 de febrero de 2.013)

            Ha llamado la atención el artículo publicado en Heraldo de Aragón por la Secretaria de Organización de nuestro partido en Aragón, Eva Sáenz, poniendo en nuestro conocimiento que la dirección regional ha propuesto al PSOE nacional la modificación de la actual ley de partidos para exigir que éstos tengan un funcionamiento  democrático.

               Es, sin duda, un paso en la dirección adecuada. Efectivamente, coincidimos en que puede además suponer un paso sustantivo en la transparencia de los partidos y un eficaz control previo de casos de corrupción.  

                En cualquier caso, y como lamentablemente suele ser habitual, lo importante no son los grandes enunciados, sino su contenido, o incluso su reglamento, acudiendo a la broma tan socorrida del Conde de Romanones.

                Porque bien podría ser ésta una de las causas de la actual desafección ciudadana hacia los dos grandes partidos, donde por un lado va la retórica - lo que queda bien decir, lo que se espera escuchar -, mientras los hechos siguen el camino opuesto.

                La desafección bien puede nacer de la falta de consonancia entre las palabras y los hechos. Y aquí es donde la actual dirección del partido en Aragón puede hacer mucho; puede, nada menos, que predicar con el ejemplo, con sus propios hechos, por seguir con la terminología empleada.

                Y los hechos acaecidos en el último proceso congresual en el que resultó elegido Javier Lambán no son un buen antecedente a estos efectos, ya que la dirección regional no propició hace un año que otros candidatos pudieran optar a la elección interna. Para poder hacerlo, cualquier afiliado debía estar en posesión del 20% de las firmas del Comité Regional, órgano formado por más de 200 representantes de los afiliados. Pero cuando se solicitaba el listado de miembros para poder obtener esas firmas, la respuesta fue que “la ley de protección de datos impedía” facilitarlo. Tal aseveración no encuentra ningún sustento jurídico, ni mucho menos democrático.

                La realidad es que resulta imposible poder recoger las firmas de los miembros del Comité Regional del PSOE en Aragón si no se dispone del listado de miembros de ese órgano. De ahí que la apelación ahora al proceso de elección por primarias genere los mismos sentimientos que entonces, ya que en este caso se requiere el 10% de las firmas de los afiliados.

                Es como ese caso de un socio del Centro Asturiano de Barcelona que quería optar a presidir el centro, pero se le negó el listado de socios con la excusa de que se conculcaría su intimidad… acabó llevando el asunto hasta el Tribunal Supremo, que finalmente afirmó que tal actuación  “suponía negar el derecho a la igualdad de todo candidato a un cargo. Pues de esa forma se impidió al candidato no elegido, la posibilidad de dirigirse a todos los socios – presuntos votantes – exponiendo sus ideas, programa, sobre todo cuando el Presidente elegido tenía acceso a tales datos, ya que se presentaba a la reelección y por razón de ello tenía posibilidad de utilizar la referida lista de socios”.

El Tribunal recordó que la ley permite “a todo candidato obtener la lista del censo electoral, por razones obvias de constituir objeto de propaganda electoral, por ello, cuanto más, es lógico que en el caso actual cualquiera de los candidatos a la referida Presidencia, tuviera acceso a la lista de socios con tal fin”. Y puso término a la cuestión.

                En todo caso, no es este el ámbito de los tribunales, sino de la Política. Y es mediante el debate político honesto como debiera resolverse. Una es pues la pregunta: ¿facilitará la actual dirección del partido los censos de afiliados a todos aquellos militantes que quieran hacer uso de su derecho de participación y optar a alguna candidatura por primarias? ¿Permitirán que los afiliados y votantes escuchen otros discursos, otros proyectos, en definitiva, la opción de un futuro nuevo y distinto?

                Para hacerlo, no hace falta esperar a la modificación de la Ley de Partidos – que el PP no asumirá, aunque esa no sea razón para no proponerlo formalmente -, sino predicar con el ejemplo, por la vía de los hechos. Los ciudadanos quizás empiezan a estar cansados de palabras vacías, y lo que es peor, quizás empiezan a pensar que estamos enfermos de retórica. 

MÁS Y MEJOR POLÍTICA

            (Artículo publicado en el día de hoy por El Periódico de Aragón)  

Para imponer el interés general sobre los intereses de los poderosos no se precisa de una nueva constitución

  

De un tiempo a esta parte, los ciudadanos han vuelto la mirada sobre la política y, admitámoslo, el veredicto emitido no puede ser peor. Sin embargo, no todo cuestionamiento de nuestro actual sistema político obedece a las mismas causas, ni persigue los mismos objetivos. Unos creen que la política ha sido engullida por la voracidad sin medida de los mercados financieros y especulativos. Como la política se vendió a los mercados, esta política no nos representa, por lo que se debe poner en marcha un nuevo proceso constituyente que haga que la política y el poder que de ella nace vuelvan al pueblo, a la ciudadanía.

Otros mensajes provienen de emisores con unas intenciones bien distintas. En este caso, el objetivo último y no confesado dista mucho del perseguido por los movimientos ciudadanos. Aquí nos encontramos más bien con una vuelta a la superficie de esa corriente conservadora que ya en su día no aceptó el Estado autonómico dibujado en la Constitución de 1978. Habría llegado el momento de acabar con lo que ellos entienden que no es más que un germen de futuros procesos secesionistas, con grave riesgo para la futura unidad de España.

Las mareas de fondo del pensamiento conservador contrarias al estado autonómico --cuasi federal, conviene no olvidarlo-- han encontrado en estos tiempos la excusa apropiada para cuestionar abiertamente el proceso de distribución territorial del poder que ordena la Constitución: su supuesto alto coste. Dejaremos esta impostura para mejor ocasión y, en su lugar, abordaremos ahora a los argumentos de las plataformas ciudadanas. España no necesita ningún nuevo proceso constituyente. La Constitución de 1978 es la historia de un éxito que estuvimos persiguiendo durante casi doscientos años, por lo que sería un error dudar de su fiabilidad y eficacia en la organización de nuestra convivencia.

Para imponer el interés general y el bien común sobre los intereses particulares de los poderosos no se precisa de una nueva constitución, basta con hacer las reformas y actualizaciones en nuestro marco constitucional vigente que garanticen y aseguren la supremacía de la Política sobre cualquier otro poder o grupo de presión. A ello contribuiría de forma relevante una modificación de la Ley de Partidos que obligue a que su funcionamiento interno sea democrático. Porque España necesita más política, pero mejor ejercida.

En los últimos tiempo son comunes los análisis de opinión (José Ignacio Torreblanca, Jesús Lizcano,... ) que abogan por una necesaria reforma de nuestro sistema de partidos,con el objeto de realizar una correcta selección de los cargos públicos, fundada en el mérito y la competencia, alejada por tanto de lo que se ha convertido en el itinerario habitual para los que han acabado haciendo de la política su única profesión: el ascenso interno mediante el encuadramiento acrítico en el aparato del partido,dirigido por los que reparten cargos, prebendas, privilegios y nóminas.

Son estos cargos nombrados desde el interior de los partidos los que luego se enfrentan a circunstancias como las presentes, los que tienen la responsabilidad de solucionar crisis y recesiones como la que sufrimos desde hace ya cinco años. La Constitución de 1978 hizo descansar en un sistema de partidos de pluralismo limitado, y en una estructura interna de cada uno de ellos fuerte y cerrada, la necesaria estabilidad de todo el sistema político. No fue por casualidad, si hay algo que los constituyentes del 77-78 querían evitar a toda costa era la inestabilidad y las tendencias centrífugas que se dieron durante la II República.

También aquí la Constitución nos fue útil. Se construyó un sistema de partidos que ha dado estabilidad política al sistema y, gracias a ella, hemos hecho crecer nuestra economía y construido nuestro estado de bienestar.

La Constitución dio todo el poder a los partidos porque en aquel momento la prioridad era la estabilidad política del país. No fue un error. Pero sí lo sería seguir otros 30 años más sin reforma alguna, porque la grave situación actual también es consecuencia indirecta de aquella decisión.

Los actuales partidos no hemos demostrado nuestra utilidad en momentos como el presente, de ahí que la ciudadanía desconfíe de nosotros, a la vez que denosta lo que entiende como privilegios injustificados: grandes nóminas y condiciones laborales que el resto de trabajadores no alcanzará jamás, y ello sin acreditar capacidad ni especial competencia; procesos de selección arbitrarios; confusión de lo público y lo privado que, en muchos más casos de los que nos parece, acaba terminando en comportamientos motivados por el afán de lucro personal.

Sin embargo, no es este momento de menos política, muy al contrario, es el momento de más y mejor Política. Pero para ello es imprescindible legitimar de nuevo su ejercicio mediante la aplicación de algunas reformas que se alejen de la perniciosa derivapor la que nos habíamos deslizado en los últimos años. La elección de los cuadros y candidatas/os de los partidos políticos mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, al modo del Partido Socialista francés, es una de ellas. El proceso de selección así establecido acabaría de golpe con el desmesurado poder que reside en los aparatos de los partidos y en sus cúpulas, poniendo fin a la capacidad de repartir salarios entre los fieles, cuya capacidad y competencia ni siquiera se cuestiona porque "para trabajar ya están los técnicos".

El proceso de selección por primarias abiertas acabaría igualmente con la abusiva permanencia en puestos de responsabilidad y poder interno de gente que hizo en su día del partido su medio de vida e, incluso, de propio enriquecimiento, no sólo suyo, sino de sus próximos.En definitiva, obligaría a los candidatos y dirigentes así elegidos a un esfuerzo continuo de apertura y transparencia.

Claro que hace falta más política, como hacen falta mejores políticos, desinteresados y honestos, para mejor defender el interés general y el bien común, y, por encima de todo, para mejor proteger a quienes sólo cuentan con la Política como garantía de igualdad frente a los poderosos.

EL PROYECTO EUROPEO Y EL PSOE

(Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 7/09/12)

Pertenezco a una generación que creció en un país con una conciencia generalizada de falta de desarrollo y atraso respecto a nuestros vecinos europeos.

En 1978 comprobamos que, por fin, llegábamos a una estación término a partir de la cual, ya en la vía correcta, tan sólo quedaba acortar la distancia que doscientos años de liberalismo e industrialización habían provocado. En nuestro caso, por su ausencia.

La entrada en las Comunidades Europeas en el año 1986 vino a consolidar el sistema político establecido en la Constitución y, a partir de ahí, los hechos parecieron confirmar la hipótesis: la democracia y la europeización de España eran la solución al problema de España, tal y como habían aventurado Costa, Unamuno u Ortega.

Cada año acortábamos distancias, el diferencial de renta per cápita con respecto a los países más ricos del continente disminuía, nuestras infraestructuras, gracias a nuestros socios europeos y a su ayuda, eran cada vez mejores.

Los que estuvimos convencidos de que, por fin, la Constitución y la democracia de 1978, suponían una verdadera solución de continuidad en nuestra trágica y tortuosa historia contemporánea, comprobamos a día de hoy que la situación que vive el país nos ha dejado aparentemente sin respuestas.

Adelanto, en todo caso, que no voy a aportar ninguna idea novedosa: la solución al problema del atraso secular de España con respecto a nuestros vecinos del norte sigue siendo más europeización, más Europa. Así como la causa de nuestro retraso es la falta de ella durante mucho tiempo, demasiado. Suele decirse que la culpa de todo lo que nos ocurre es de la herencia recibida. Tal cosa no resiste ningún análisis riguroso.

La causa eficiente de la burbuja, y de las consecuencias de su pinchazo, ha sido la marea de dinero barato que ha inundado España desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2008.

Disponer de tipos de interés casi negativos durante más de una década era una experiencia de la que nadie tenía recuerdo. Sencillamente, porque nunca antes había ocurrido algo parecido. El dinero era un bien escaso en un país con pocos recursos, de ahí que hasta hace veinte años a nadie extrañaba que los créditos se concedieran a tipos de dos dígitos ---al 15%, 18%--- . Pero entramos en el euro y pasamos a disfrutar de sus ventajas, entre ellas, intereses al 3% ó 4%.

La consecuencia es conocida: España acumula uno de los mayores índices de deuda privada en relación a su PIB de todo el mundo. Parece obvio que quien se ha dedicado a hacer negocio prestando y moviendo dinero barato han sido las instituciones financieras, y en muchos casos también parece obvio que sus análisis de riesgos no han sido todo lo diligentes y eficientes que la praxis de la profesión requería. Alguna responsabilidad habrá que exigir en este punto.

Al gobierno de Zapatero es al primero que le tocó lidiar con el asunto. De ahí que en mayo de 2010 el Presidente compareciera en el Congreso para anunciar la bajada de un 5% de las nóminas de los funcionarios, la congelación de las pensiones más cuantiosas y la subida de 2 puntos del IVA.

El Partido Popular se opuso, e hizo campaña tratando de ganar apoyos para que el Gobierno perdiera la votación y, acto seguido, convocara elecciones anticipadas. No ocurrió entonces, pero a finales de diciembre de 2011 el Partido Popular accede al gobierno.

No obstante, y como consecuencia de la especial vigilancia a la que nos someten nuestros socios europeos, el presupuesto hay que seguir ajustándolo para poder devolver el dinero que debemos y que deberemos. Como las familias que reducen todo gasto para poder pagar la hipoteca, el Partido Popular se ve ahora obligado a aplicar las medidas de ajuste y recortes de gasto que le exige la UE, como antes lo estuvo el gobierno socialista de Zapatero.

En este contexto, ¿cuál debería ser la posición del Partido Socialista? Lo diré pronto: la contraria a la que tuvo el PP en la oposición. Y ello no por marcar la diferencia, sino por responsabilidad y sentido de Estado. Está en juego nuestro proyecto de país, el proyecto europeo, el proyecto que la izquierda española lidera desdeFelipe González.

No podemos caer en los mismos errores y en el mismo pozo que el Partido Popular. La modernización de España siempre ha sido cosa de la izquierda, y en ese empeño casi siempre ha estado sola. No podemos criticar los recortes cuando fuimos nosotros los primeros que los pusimos en práctica. No podemos pedir al gobierno que rechace el rescate porque, sencillamente, y también lo sabemos como ellos lo supieron en su día, no está en su mano.

Llamamos rescate a aceptar el dinero que nos presta la única institución que todavía se fía un poco de nosotros: la UE. Si no aceptamos ese dinero, no habrá liquidez para pagar servicios, ni nóminas, ni compromisos de gasto. Sin ese dinero no podemos pagar las mensualidades de nuestro estado de bienestar.

Es precisamente en este punto cuando procede afrontar la situación con un gran consenso nacional, a la manera de los Pactos de la Moncloa del año 1977, para respaldar las medidas acordadas con nuestros socios europeos, acordar otras nuevas que puedan ser más eficaces, y llevar a cabo las grandes reformas --todavía no abordadas-- que el país necesita para encarar las próximas décadas: reforma impositiva, reforma política, reforma de la administración.

El tiempo se acaba. Nuestro crédito en la UE se va degradando con rapidez. Si queremos volver a la senda que iniciamos en el año 1978 urge que el país se presente ante el exterior haciendo frente común, fruto de un gran consenso nacional que pivote sobre nuestra firme voluntad de seguir avanzando por la vía correcta: la vía de nuestra europeización, la vía del proyecto europeo, la vía de nuestro proyecto de país.

LA OBLIGADA RENOVACIÓN DEL PSOE

Conocíamos estos días datos de intención de voto en los que el lógico desgaste acumulado por el gobierno del PP no significaba un correlativo incremento de voto del Partido Socialista. En lugar de eso, y siguiendo la estela de lo ocurrido en Grecia, el voto parece buscar nuevas ubicaciones.


Con ocasión del proceso de elección del equipo dirigente del partido surgido del último proceso congresual, en el que fue elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como Secretario General, muchos apostaban por una vuelta al gobierno más o menos rápida fruto del continuo desgaste que esta crisis provoca con precisión de cirujano sobre cualquier gobierno. 


¿Por qué iba Rajoy a ser diferente? Un escenario de recortes continuos "impuestos" por Bruselas, una evidente contradicción entre lo proclamado y lo realmente ejecutado, unos retrocesos en nivel de vida que las actuales generaciones ni siquiera podíamos imaginar, un descontento generalizado,  un clima social enrarecido y con la calle en armas, ... el final de este camino no podía ser más que elecciones anticipadas, la caída del gobierno y la llegada del Partido Socialista de nuevo, esta vez de la mano de Rubalcaba.


No parece, tal y como acontecen las cosas, que este vaya a ser el destino al que estamos llamados. 


En realidad, la operación Rubalcaba siempre pareció la operación Almunia bis. Recordemos un poco qué ocurrió entonces. En el año 1.996 Felipe pierde por apenas 3 puntos porcentuales, tras casi 14 años de gobierno y una campaña final de acoso y derribo por parte de la derecha con más querencia por la defensa de sus propios intereses y privilegios. 


El aparato del partido, en lugar de optar por la renovación de los equipos y de mensajes, opta por la continuidad de los cuadros dirigentes que venían de hacerse con el partido a finales de los años 70 y con el gobierno a comienzos de los 80. El elegido para encabezar esta etapa - no entramos en la experiencia de primarias con José Borrell, torpedeado por ese mismo aparato - fue Joaquín Almunia, ministro de Felipe González desde el 82. El resultado es conocido, Aznar y el PP consiguieron en el año 2.000 la primera mayoría absoluta de su historia. Y la consiguieron de la misma forma que han conseguido ésta última, no por un aumento significativo de su voto, sino por una pérdida de apoyos masiva por parte del Partido Socialista. 


En conclusión: el votante socialista no vota a unas siglas por votarlas, las vota cuando se le ilusiona y recupera la esperanza en un futuro mejor. Sin esperanza, se queda en casa y no vota.


Muchos oponían a este análisis que la situación actual no se parece a aquella, puesto que la profundidad de la crisis que atravesamos convierte en provisional a cualquier gobierno o dirigente. Ello impediría la consolidación del Gobierno de Rajoy, como sí hizo el de Aznar, y, en consecuencia, sería el gran malestar social por la política de recortes el que provocaría elecciones anticipadas y un nuevo gobierno socialista.


Pero la gente parece que dice otra cosa. Nos dice lo mismo que nos dijo en el año 2.000: o renováis equipos y políticas, o no mereceréis nuestra confianza. 


El ciudadano sabe perfectamente que las políticas de recortes no están asociadas a una imagen de marca, las hicimos nosotros y las hace el PP. A veces parece que nos olvidamos de que el ciudadano tiene memoria. Los recortes no los asocia al PP, los asocia a la gravedad de la situación, y sabe también que se trata de políticas decididas en el seno de la UE, que aplicaríamos unos y otros.

La salida no va a ser distinta a la ocurrida con ocasión del anterior proceso de renovación interna, o incluso del anterior del anterior. ¿Alguien se imagina la impresión que debían dar aquellos treintañeros sevillanos al compañero Llopis y demás dirigentes del exilio? Pues bien, en cinco años, Felipe llevó de nuevo al partido al gobierno de España. 


Tras las elecciones de 1.996, debido al retraso en el proceso de renovación interna, el Partido Socialista no volvió al gobierno hasta el año 2.004. Eso sí, en cuanto se produjo ese proceso, Zapatero ganó a la primera.


¿Quién será el nuevo Felipe, el nuevo Zapatero, que ha de recuperar la ilusión y la esperanza de futuro en la gente, que ha de llevar al Partido Socialista de vuelta al Gobierno? ..


Hay mucha gente fuera que lo espera y lo necesita. No volvamos a defraudarles. 

El consenso imprescindible. España en peligro.

Azotados por las circunstancias y desorientados por la falta de antecedentes a la hora de hacer frente a una situación como la que vivimos, parecemos olvidarnos de qué es lo que correspondería hacer para colaborar en la búsqueda de soluciones al mayor problema que los españoles y los europeos han afrontado desde el final de la guerra, la civil, en nuestro caso, la mundial, en el del resto del continente.

Hace unos meses veíamos la evolución de Grecia, con ocasión de la negociación de su segundo rescate. Asistíamos, con una mezcla de distanciamiento y cierta altanería, a la situación en que nosotros mismos parecemos entrar ahora, justo en este momento. 

Cuando veíamos a los conservadores, los responsables del ocultamiento y del engaño en las cuentas griegas que el socialista Papandreu se vio en la obligación de sacar a la luz, provocando con ello la crisis de deuda soberana que como un tsunami se extendió por el resto del continente y de las economías de la zona Euro, decimos, pues, que cuando observábamos al partido responsable del engaño aprovecharse sin sonrojo de la imposible situación en que quedaba el gobierno socialista griego al tener que hacer frente a una economía intervenida por la UE y el FMI, sentíamos que la irresponsabilidad, la ausencia de generosidad y también, por qué no, la desfachatez de los autores de este tremendo lío en que andamos metidos debía ser puesta de manifiesto.

Acusábamos a los conservadores griegos de introducir a la Unión en una espiral cada vez más peligrosa de desestabilización y progresivo debilitamiento que podría acabar afectando al resto de economías europeas con algún desequilibrio en sus cuentas - nada extraño por otra parte en la situación vivida por la economía mundial en estos últimos años, EE.UU. los tiene, como Bélgica, Francia, Holanda, ..., no estamos hablando sólo de los países del sur -. 

Acusábamos a los conservadores griegos de irresponsables, porque siendo los causantes de la tormenta, su obligación sería colaborar en apagar el fuego cuanto antes en lugar de esperar a que el bombero se chamuscara y pereciera en el intento.

Acusábamos, en definitiva, a los conservadores griegos de estar dispuestos a dejar que el país se hundiera antes que colaborar de forma responsable en la estrategia de salida que la UE marcaba. 

Ninguna palabra entonces se oía en nuestro país respecto a las draconianas medidas que la UE adoptaba en Grecia como consecuencia de estar intervenida su economía, más bien al contrario, movidos por el temor a que el contagio se acabara extendiendo a nuestra propia economía, asustados ante el pánico que una posible intervención de nuestro país pudiera desatar, exigíamos a Grecia, a su gobierno y a la oposición, que actuaran con responsabilidad y que cumplieran las condiciones del rescate.

El desenlace es conocido: Papandreu, preso de la contestación de la calle y del rechazo de la mayoría de sus ciudadanos, propone un referéndum para la aprobación de las medidas a las que la UE condicionaba las cantidades del segundo rescate; la UE exige un gobierno de concentración nacional, con el gobierno y la oposición de la mano, para asegurarse que se toman esas medidas; y, como colofón, se celebran elecciones generales para que salga elegido un nuevo gobierno.

Al final, ha ocurrido lo que los libros dicen que ocurre en estos casos. Parece casi increíble, pero tan sólo hay que mirar a lo sucedido en aquellos lugares en que se han enfrentado a crisis de deuda en el pasado, como América Latina en los años 80 del siglo XX: contestación en la calle;  llegada de los extremismos y populismos al poder o a su antesala; propuestas de impago de la deuda que conforme crecen las dificultades y las tensiones sociales acaban defendiendo todos los partidos; décadas perdidas, sin crecimiento y con aumento de la pobreza y de la marginalidad; asonadas militares ...

O qué decir de los años 30 en Europa ... Es aquí donde estamos, no conviene que miremos hacia otro lado por más tiempo. La situación no es mejor que la que nos llevó a la firma de los Pactos de La Moncloa en la Transición. En aquél momento todos nos pusimos de acuerdo para que la crisis económica de los años 70, las sucesivas crisis del petróleo, no se llevaran por delante la construcción de nuestra democracia.

Sabemos que Rajoy mentía en la oposición, que todo el PP lo hacía. Al igual que a los consevadores griegos, su comportamiento entonces fue insolidario, desleal con el país y ventajista. Y por ello pagarán su precio. Pero, al igual que en otras muchas ocasiones, es al Partido Socialista al que le corresponde aportar responsabilidad y sentido de Estado, sentido de país y del bien común. Puesto que la derecha nunca ha demostrado en su trayectoria que le adornaran estas virtudes, a nadie debe sorprender que ahora también dejaran pasar la ocasión sin hacerlo. Pero esto ahora no toca. No es momento para pasar cuentas, ya lo haremos.

Ahora, como en la Transición, incluso con más razones, lo que toca es Pacto. Un gran acuerdo nacional que ponga a salvo nuestro sistema de protección social, nuestro modelo de civilización, en definitiva, con la responsabilidad propia de quien sabe también que hay que hacer sacrificios, pero con la convicción más justa de que a quien más le toca hacerlos es a quien más recursos tiene para asumirlos.

UN TIEMPO NUEVO

             Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo, junto al resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre, supusieron el broche final al proyecto de más éxito que el Partido Socialista ha construido para Aragón desde su fundación.

                El proyecto encabezado por Marcelino Iglesias logró el apoyo mayoritario de la ciudadanía durante más de una década. Años en los que la comunidad dio un salto hacia adelante sin parangón, colocándonos en el grupo de cabeza de la práctica totalidad de los indicadores de prosperidad, desarrollo y cohesión social del país.

                Este proyecto, que convierte a Marcelino Iglesias en un referente y activo histórico del máximo nivel para todo proyecto socialista futuro, tuvo su fin en mayo de 2.011, certificado por los resultados del 20-N en nuestra comunidad.

Pero es a nuestros votantes, y a los que quieren serlo, a los que les debemos todo. Y es a ellos a los que nos debemos en estas horas.

                Tenemos una responsabilidad para con el partido, con su militancia y con sus votantes, los manifiestos y los posibles. Tenemos una responsabilidad que ejercer en este momento de tribulación y aparente desamparo. Este es el papel que las circunstancias nos exigen asumir.

Un nuevo proyecto.

                El anterior proyecto socialista para Aragón se ejecutó desde el gobierno a lo largo de 12 años, los mejores de nuestra historia reciente, sin ninguna duda. Las elecciones de mayo nos dejaron 14 puntos porcentuales por debajo del anterior registro, el de 2.007. Las elecciones del 20-N han repetido la historia. Esto significa que, tras un largo periodo de gobierno, al que se pone fin con una bajada de 14 puntos en apoyo ciudadano, hay que certificar el agotamiento de ese proyecto y pasar a construir cuanto antes – pues en otro caso nuestro paso por la oposición será más largo – el nuevo proyecto para el futuro de Aragón.

                La reformulación del proyecto socialista para la próxima década debe sustentarse sobre nuestros propios valores, es una obviedad. Son los mejores, creemos en ellos, y estamos convencidos de que son los más apropiados y mejores para lograr una convivencia más justa y libre.

                La mejor forma de convencer a los demás de que la igualdad de oportunidades, la Justicia social, la educación y sanidad universal y gratuita para todo ser humano, la atención a los dependientes, el crecimiento equilibrado pero mucho más sólido de nuestra economía a través de la apuesta por el conocimiento y la economía productiva, … son los mejores valores para nuestra convivencia, pasa por predicar con el ejemplo.

                La gente debe ver, es obligado, que lo que decimos nos lo creemos  y lo hacemos.

Parece obvio que la reformulación del proyecto pasa por tejer acercamientos hacia otras fuerzas del espectro político de la comunidad. El Partido Socialista debe hacer uso con inteligencia, honestidad y honradez intelectual de su posición central en el sistema de partidos de la comunidad autónoma. Y eso pasa, en estos momentos, por tomar distancia del PAR, actual socio, y más que eso a tenor de los acontecimientos, del PP de Mariano Rajoy y Luisa Fernanda Rudi.

                El futuro proyecto socialista para Aragón debe dar continuidad a las líneas básicas del anterior en cuanto a su contenido: liderazgo de Aragón en la España interior; apuesta por la logística haciendo valer nuestra situación geoestratégica y nuestra renta de situación; especial atención a la educación como base a partir de la cual orientar el nuevo modelo de producción económica, más intensivo en conocimiento y menos en mano de obra sin cualificar; política industrial decidida con vocación exportadora y de alto valor añadido en forma de patentes y marcas fruto de una política empresarial con vocación de mejora e investigadora; un sector servicios orientado, entre otras cosas, al sector turístico que cree riqueza y oportunidades en el territorio; especial cuidado en el fortalecimiento de nuestra red de protección para los más desfavorecidos y los más débiles, dotando de los recursos necesarios para atender a los dependientes y sus familias, …

Tampoco debemos olvidar que el partido no nos pertenece. Ni siquiera a los militantes afiliados. El partido es el instrumento que tiene a su disposición la ciudadanía para transformar la realidad hacia metas de mayor progreso y justicia social. Conviene no perder esto de vista, porque somos sus simples administradores, pasajeros y coyunturales, eslabones de una cadena cuyo origen es bastante más viejo que cualquiera de nosotros , y nos ha de sobrevivir.

En este ámbito, es importante plantear cambios en los propios estatutos, para garantizar, entre otras cosas, la elección por primarias, como en Francia, del Secretario General del partido. De esta forma, cada 3 ó 4 años el Secretario General sería refrendado directamente por las bases del partido, lo que le daría un plus de legitimidad y evitaría, a su vez, derivas no queridas ni deseadas por ningún afiliado o simpatizante.

                El nuevo proyecto socialista en Aragón para la próxima década debe dar ejemplo de que los valores y principios que defiende se respetan en su propio ámbito interno. Mérito y competencia, participación y comunicación fluida, transparencia y apertura,… son valores y formas de actuar que transmitimos y defendemos, por lo que también deben primar dentro de nuestra propia casa.

Los congresos

                Cuando un proyecto está en ejecución, es lógico y normal que los congresos que se celebran a lo largo de su ciclo vital sean congresos de unidad y consenso. El proyecto necesita de las máximas energías, concentradas y sin desperdigar, para poder ser desarrollado con éxito en el tiempo. Es así como debe ser, y también se entiende con facilidad.

                Sin embargo, cuando los proyectos llegan a su fin, los congresos posteriores  a ese momento deben ser cónclaves donde prime la democracia interna y la sana y libre competencia por la definición del nuevo proyecto socialista. 

El apoyo ciudadano no volverá hasta que construyamos un nuevo proyecto a partir de un nuevo liderazgo, arropado por un nuevo equipo dirigente.

                Lo anterior no debe llevarnos a pensar que alguien sobra en el nuevo proyecto, todo lo contrario. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar, sólo se le pide compromiso y trabajo. Pero nadie puede estar dirigiendo los destinos de la organización de forma casi vitalicia, por encima de resultados electorales y de apoyos ciudadanos. De ahí que sea imprescindible, como en cualquier otra faceta de la vida, la renovación de los equipos dirigentes.

                Estos son los congresos del cambio, son los congresos de la definición del nuevo proyecto socialista para Aragón.