EL PROYECTO EUROPEO Y EL PSOE

(Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 7/09/12)

Pertenezco a una generación que creció en un país con una conciencia generalizada de falta de desarrollo y atraso respecto a nuestros vecinos europeos.

En 1978 comprobamos que, por fin, llegábamos a una estación término a partir de la cual, ya en la vía correcta, tan sólo quedaba acortar la distancia que doscientos años de liberalismo e industrialización habían provocado. En nuestro caso, por su ausencia.

La entrada en las Comunidades Europeas en el año 1986 vino a consolidar el sistema político establecido en la Constitución y, a partir de ahí, los hechos parecieron confirmar la hipótesis: la democracia y la europeización de España eran la solución al problema de España, tal y como habían aventurado Costa, Unamuno u Ortega.

Cada año acortábamos distancias, el diferencial de renta per cápita con respecto a los países más ricos del continente disminuía, nuestras infraestructuras, gracias a nuestros socios europeos y a su ayuda, eran cada vez mejores.

Los que estuvimos convencidos de que, por fin, la Constitución y la democracia de 1978, suponían una verdadera solución de continuidad en nuestra trágica y tortuosa historia contemporánea, comprobamos a día de hoy que la situación que vive el país nos ha dejado aparentemente sin respuestas.

Adelanto, en todo caso, que no voy a aportar ninguna idea novedosa: la solución al problema del atraso secular de España con respecto a nuestros vecinos del norte sigue siendo más europeización, más Europa. Así como la causa de nuestro retraso es la falta de ella durante mucho tiempo, demasiado. Suele decirse que la culpa de todo lo que nos ocurre es de la herencia recibida. Tal cosa no resiste ningún análisis riguroso.

La causa eficiente de la burbuja, y de las consecuencias de su pinchazo, ha sido la marea de dinero barato que ha inundado España desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2008.

Disponer de tipos de interés casi negativos durante más de una década era una experiencia de la que nadie tenía recuerdo. Sencillamente, porque nunca antes había ocurrido algo parecido. El dinero era un bien escaso en un país con pocos recursos, de ahí que hasta hace veinte años a nadie extrañaba que los créditos se concedieran a tipos de dos dígitos ---al 15%, 18%--- . Pero entramos en el euro y pasamos a disfrutar de sus ventajas, entre ellas, intereses al 3% ó 4%.

La consecuencia es conocida: España acumula uno de los mayores índices de deuda privada en relación a su PIB de todo el mundo. Parece obvio que quien se ha dedicado a hacer negocio prestando y moviendo dinero barato han sido las instituciones financieras, y en muchos casos también parece obvio que sus análisis de riesgos no han sido todo lo diligentes y eficientes que la praxis de la profesión requería. Alguna responsabilidad habrá que exigir en este punto.

Al gobierno de Zapatero es al primero que le tocó lidiar con el asunto. De ahí que en mayo de 2010 el Presidente compareciera en el Congreso para anunciar la bajada de un 5% de las nóminas de los funcionarios, la congelación de las pensiones más cuantiosas y la subida de 2 puntos del IVA.

El Partido Popular se opuso, e hizo campaña tratando de ganar apoyos para que el Gobierno perdiera la votación y, acto seguido, convocara elecciones anticipadas. No ocurrió entonces, pero a finales de diciembre de 2011 el Partido Popular accede al gobierno.

No obstante, y como consecuencia de la especial vigilancia a la que nos someten nuestros socios europeos, el presupuesto hay que seguir ajustándolo para poder devolver el dinero que debemos y que deberemos. Como las familias que reducen todo gasto para poder pagar la hipoteca, el Partido Popular se ve ahora obligado a aplicar las medidas de ajuste y recortes de gasto que le exige la UE, como antes lo estuvo el gobierno socialista de Zapatero.

En este contexto, ¿cuál debería ser la posición del Partido Socialista? Lo diré pronto: la contraria a la que tuvo el PP en la oposición. Y ello no por marcar la diferencia, sino por responsabilidad y sentido de Estado. Está en juego nuestro proyecto de país, el proyecto europeo, el proyecto que la izquierda española lidera desdeFelipe González.

No podemos caer en los mismos errores y en el mismo pozo que el Partido Popular. La modernización de España siempre ha sido cosa de la izquierda, y en ese empeño casi siempre ha estado sola. No podemos criticar los recortes cuando fuimos nosotros los primeros que los pusimos en práctica. No podemos pedir al gobierno que rechace el rescate porque, sencillamente, y también lo sabemos como ellos lo supieron en su día, no está en su mano.

Llamamos rescate a aceptar el dinero que nos presta la única institución que todavía se fía un poco de nosotros: la UE. Si no aceptamos ese dinero, no habrá liquidez para pagar servicios, ni nóminas, ni compromisos de gasto. Sin ese dinero no podemos pagar las mensualidades de nuestro estado de bienestar.

Es precisamente en este punto cuando procede afrontar la situación con un gran consenso nacional, a la manera de los Pactos de la Moncloa del año 1977, para respaldar las medidas acordadas con nuestros socios europeos, acordar otras nuevas que puedan ser más eficaces, y llevar a cabo las grandes reformas --todavía no abordadas-- que el país necesita para encarar las próximas décadas: reforma impositiva, reforma política, reforma de la administración.

El tiempo se acaba. Nuestro crédito en la UE se va degradando con rapidez. Si queremos volver a la senda que iniciamos en el año 1978 urge que el país se presente ante el exterior haciendo frente común, fruto de un gran consenso nacional que pivote sobre nuestra firme voluntad de seguir avanzando por la vía correcta: la vía de nuestra europeización, la vía del proyecto europeo, la vía de nuestro proyecto de país.

LA OBLIGADA RENOVACIÓN DEL PSOE

Conocíamos estos días datos de intención de voto en los que el lógico desgaste acumulado por el gobierno del PP no significaba un correlativo incremento de voto del Partido Socialista. En lugar de eso, y siguiendo la estela de lo ocurrido en Grecia, el voto parece buscar nuevas ubicaciones.


Con ocasión del proceso de elección del equipo dirigente del partido surgido del último proceso congresual, en el que fue elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como Secretario General, muchos apostaban por una vuelta al gobierno más o menos rápida fruto del continuo desgaste que esta crisis provoca con precisión de cirujano sobre cualquier gobierno. 


¿Por qué iba Rajoy a ser diferente? Un escenario de recortes continuos "impuestos" por Bruselas, una evidente contradicción entre lo proclamado y lo realmente ejecutado, unos retrocesos en nivel de vida que las actuales generaciones ni siquiera podíamos imaginar, un descontento generalizado,  un clima social enrarecido y con la calle en armas, ... el final de este camino no podía ser más que elecciones anticipadas, la caída del gobierno y la llegada del Partido Socialista de nuevo, esta vez de la mano de Rubalcaba.


No parece, tal y como acontecen las cosas, que este vaya a ser el destino al que estamos llamados. 


En realidad, la operación Rubalcaba siempre pareció la operación Almunia bis. Recordemos un poco qué ocurrió entonces. En el año 1.996 Felipe pierde por apenas 3 puntos porcentuales, tras casi 14 años de gobierno y una campaña final de acoso y derribo por parte de la derecha con más querencia por la defensa de sus propios intereses y privilegios. 


El aparato del partido, en lugar de optar por la renovación de los equipos y de mensajes, opta por la continuidad de los cuadros dirigentes que venían de hacerse con el partido a finales de los años 70 y con el gobierno a comienzos de los 80. El elegido para encabezar esta etapa - no entramos en la experiencia de primarias con José Borrell, torpedeado por ese mismo aparato - fue Joaquín Almunia, ministro de Felipe González desde el 82. El resultado es conocido, Aznar y el PP consiguieron en el año 2.000 la primera mayoría absoluta de su historia. Y la consiguieron de la misma forma que han conseguido ésta última, no por un aumento significativo de su voto, sino por una pérdida de apoyos masiva por parte del Partido Socialista. 


En conclusión: el votante socialista no vota a unas siglas por votarlas, las vota cuando se le ilusiona y recupera la esperanza en un futuro mejor. Sin esperanza, se queda en casa y no vota.


Muchos oponían a este análisis que la situación actual no se parece a aquella, puesto que la profundidad de la crisis que atravesamos convierte en provisional a cualquier gobierno o dirigente. Ello impediría la consolidación del Gobierno de Rajoy, como sí hizo el de Aznar, y, en consecuencia, sería el gran malestar social por la política de recortes el que provocaría elecciones anticipadas y un nuevo gobierno socialista.


Pero la gente parece que dice otra cosa. Nos dice lo mismo que nos dijo en el año 2.000: o renováis equipos y políticas, o no mereceréis nuestra confianza. 


El ciudadano sabe perfectamente que las políticas de recortes no están asociadas a una imagen de marca, las hicimos nosotros y las hace el PP. A veces parece que nos olvidamos de que el ciudadano tiene memoria. Los recortes no los asocia al PP, los asocia a la gravedad de la situación, y sabe también que se trata de políticas decididas en el seno de la UE, que aplicaríamos unos y otros.

La salida no va a ser distinta a la ocurrida con ocasión del anterior proceso de renovación interna, o incluso del anterior del anterior. ¿Alguien se imagina la impresión que debían dar aquellos treintañeros sevillanos al compañero Llopis y demás dirigentes del exilio? Pues bien, en cinco años, Felipe llevó de nuevo al partido al gobierno de España. 


Tras las elecciones de 1.996, debido al retraso en el proceso de renovación interna, el Partido Socialista no volvió al gobierno hasta el año 2.004. Eso sí, en cuanto se produjo ese proceso, Zapatero ganó a la primera.


¿Quién será el nuevo Felipe, el nuevo Zapatero, que ha de recuperar la ilusión y la esperanza de futuro en la gente, que ha de llevar al Partido Socialista de vuelta al Gobierno? ..


Hay mucha gente fuera que lo espera y lo necesita. No volvamos a defraudarles. 

El consenso imprescindible. España en peligro.

Azotados por las circunstancias y desorientados por la falta de antecedentes a la hora de hacer frente a una situación como la que vivimos, parecemos olvidarnos de qué es lo que correspondería hacer para colaborar en la búsqueda de soluciones al mayor problema que los españoles y los europeos han afrontado desde el final de la guerra, la civil, en nuestro caso, la mundial, en el del resto del continente.

Hace unos meses veíamos la evolución de Grecia, con ocasión de la negociación de su segundo rescate. Asistíamos, con una mezcla de distanciamiento y cierta altanería, a la situación en que nosotros mismos parecemos entrar ahora, justo en este momento. 

Cuando veíamos a los conservadores, los responsables del ocultamiento y del engaño en las cuentas griegas que el socialista Papandreu se vio en la obligación de sacar a la luz, provocando con ello la crisis de deuda soberana que como un tsunami se extendió por el resto del continente y de las economías de la zona Euro, decimos, pues, que cuando observábamos al partido responsable del engaño aprovecharse sin sonrojo de la imposible situación en que quedaba el gobierno socialista griego al tener que hacer frente a una economía intervenida por la UE y el FMI, sentíamos que la irresponsabilidad, la ausencia de generosidad y también, por qué no, la desfachatez de los autores de este tremendo lío en que andamos metidos debía ser puesta de manifiesto.

Acusábamos a los conservadores griegos de introducir a la Unión en una espiral cada vez más peligrosa de desestabilización y progresivo debilitamiento que podría acabar afectando al resto de economías europeas con algún desequilibrio en sus cuentas - nada extraño por otra parte en la situación vivida por la economía mundial en estos últimos años, EE.UU. los tiene, como Bélgica, Francia, Holanda, ..., no estamos hablando sólo de los países del sur -. 

Acusábamos a los conservadores griegos de irresponsables, porque siendo los causantes de la tormenta, su obligación sería colaborar en apagar el fuego cuanto antes en lugar de esperar a que el bombero se chamuscara y pereciera en el intento.

Acusábamos, en definitiva, a los conservadores griegos de estar dispuestos a dejar que el país se hundiera antes que colaborar de forma responsable en la estrategia de salida que la UE marcaba. 

Ninguna palabra entonces se oía en nuestro país respecto a las draconianas medidas que la UE adoptaba en Grecia como consecuencia de estar intervenida su economía, más bien al contrario, movidos por el temor a que el contagio se acabara extendiendo a nuestra propia economía, asustados ante el pánico que una posible intervención de nuestro país pudiera desatar, exigíamos a Grecia, a su gobierno y a la oposición, que actuaran con responsabilidad y que cumplieran las condiciones del rescate.

El desenlace es conocido: Papandreu, preso de la contestación de la calle y del rechazo de la mayoría de sus ciudadanos, propone un referéndum para la aprobación de las medidas a las que la UE condicionaba las cantidades del segundo rescate; la UE exige un gobierno de concentración nacional, con el gobierno y la oposición de la mano, para asegurarse que se toman esas medidas; y, como colofón, se celebran elecciones generales para que salga elegido un nuevo gobierno.

Al final, ha ocurrido lo que los libros dicen que ocurre en estos casos. Parece casi increíble, pero tan sólo hay que mirar a lo sucedido en aquellos lugares en que se han enfrentado a crisis de deuda en el pasado, como América Latina en los años 80 del siglo XX: contestación en la calle;  llegada de los extremismos y populismos al poder o a su antesala; propuestas de impago de la deuda que conforme crecen las dificultades y las tensiones sociales acaban defendiendo todos los partidos; décadas perdidas, sin crecimiento y con aumento de la pobreza y de la marginalidad; asonadas militares ...

O qué decir de los años 30 en Europa ... Es aquí donde estamos, no conviene que miremos hacia otro lado por más tiempo. La situación no es mejor que la que nos llevó a la firma de los Pactos de La Moncloa en la Transición. En aquél momento todos nos pusimos de acuerdo para que la crisis económica de los años 70, las sucesivas crisis del petróleo, no se llevaran por delante la construcción de nuestra democracia.

Sabemos que Rajoy mentía en la oposición, que todo el PP lo hacía. Al igual que a los consevadores griegos, su comportamiento entonces fue insolidario, desleal con el país y ventajista. Y por ello pagarán su precio. Pero, al igual que en otras muchas ocasiones, es al Partido Socialista al que le corresponde aportar responsabilidad y sentido de Estado, sentido de país y del bien común. Puesto que la derecha nunca ha demostrado en su trayectoria que le adornaran estas virtudes, a nadie debe sorprender que ahora también dejaran pasar la ocasión sin hacerlo. Pero esto ahora no toca. No es momento para pasar cuentas, ya lo haremos.

Ahora, como en la Transición, incluso con más razones, lo que toca es Pacto. Un gran acuerdo nacional que ponga a salvo nuestro sistema de protección social, nuestro modelo de civilización, en definitiva, con la responsabilidad propia de quien sabe también que hay que hacer sacrificios, pero con la convicción más justa de que a quien más le toca hacerlos es a quien más recursos tiene para asumirlos.

UN TIEMPO NUEVO

             Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo, junto al resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre, supusieron el broche final al proyecto de más éxito que el Partido Socialista ha construido para Aragón desde su fundación.

                El proyecto encabezado por Marcelino Iglesias logró el apoyo mayoritario de la ciudadanía durante más de una década. Años en los que la comunidad dio un salto hacia adelante sin parangón, colocándonos en el grupo de cabeza de la práctica totalidad de los indicadores de prosperidad, desarrollo y cohesión social del país.

                Este proyecto, que convierte a Marcelino Iglesias en un referente y activo histórico del máximo nivel para todo proyecto socialista futuro, tuvo su fin en mayo de 2.011, certificado por los resultados del 20-N en nuestra comunidad.

Pero es a nuestros votantes, y a los que quieren serlo, a los que les debemos todo. Y es a ellos a los que nos debemos en estas horas.

                Tenemos una responsabilidad para con el partido, con su militancia y con sus votantes, los manifiestos y los posibles. Tenemos una responsabilidad que ejercer en este momento de tribulación y aparente desamparo. Este es el papel que las circunstancias nos exigen asumir.

Un nuevo proyecto.

                El anterior proyecto socialista para Aragón se ejecutó desde el gobierno a lo largo de 12 años, los mejores de nuestra historia reciente, sin ninguna duda. Las elecciones de mayo nos dejaron 14 puntos porcentuales por debajo del anterior registro, el de 2.007. Las elecciones del 20-N han repetido la historia. Esto significa que, tras un largo periodo de gobierno, al que se pone fin con una bajada de 14 puntos en apoyo ciudadano, hay que certificar el agotamiento de ese proyecto y pasar a construir cuanto antes – pues en otro caso nuestro paso por la oposición será más largo – el nuevo proyecto para el futuro de Aragón.

                La reformulación del proyecto socialista para la próxima década debe sustentarse sobre nuestros propios valores, es una obviedad. Son los mejores, creemos en ellos, y estamos convencidos de que son los más apropiados y mejores para lograr una convivencia más justa y libre.

                La mejor forma de convencer a los demás de que la igualdad de oportunidades, la Justicia social, la educación y sanidad universal y gratuita para todo ser humano, la atención a los dependientes, el crecimiento equilibrado pero mucho más sólido de nuestra economía a través de la apuesta por el conocimiento y la economía productiva, … son los mejores valores para nuestra convivencia, pasa por predicar con el ejemplo.

                La gente debe ver, es obligado, que lo que decimos nos lo creemos  y lo hacemos.

Parece obvio que la reformulación del proyecto pasa por tejer acercamientos hacia otras fuerzas del espectro político de la comunidad. El Partido Socialista debe hacer uso con inteligencia, honestidad y honradez intelectual de su posición central en el sistema de partidos de la comunidad autónoma. Y eso pasa, en estos momentos, por tomar distancia del PAR, actual socio, y más que eso a tenor de los acontecimientos, del PP de Mariano Rajoy y Luisa Fernanda Rudi.

                El futuro proyecto socialista para Aragón debe dar continuidad a las líneas básicas del anterior en cuanto a su contenido: liderazgo de Aragón en la España interior; apuesta por la logística haciendo valer nuestra situación geoestratégica y nuestra renta de situación; especial atención a la educación como base a partir de la cual orientar el nuevo modelo de producción económica, más intensivo en conocimiento y menos en mano de obra sin cualificar; política industrial decidida con vocación exportadora y de alto valor añadido en forma de patentes y marcas fruto de una política empresarial con vocación de mejora e investigadora; un sector servicios orientado, entre otras cosas, al sector turístico que cree riqueza y oportunidades en el territorio; especial cuidado en el fortalecimiento de nuestra red de protección para los más desfavorecidos y los más débiles, dotando de los recursos necesarios para atender a los dependientes y sus familias, …

Tampoco debemos olvidar que el partido no nos pertenece. Ni siquiera a los militantes afiliados. El partido es el instrumento que tiene a su disposición la ciudadanía para transformar la realidad hacia metas de mayor progreso y justicia social. Conviene no perder esto de vista, porque somos sus simples administradores, pasajeros y coyunturales, eslabones de una cadena cuyo origen es bastante más viejo que cualquiera de nosotros , y nos ha de sobrevivir.

En este ámbito, es importante plantear cambios en los propios estatutos, para garantizar, entre otras cosas, la elección por primarias, como en Francia, del Secretario General del partido. De esta forma, cada 3 ó 4 años el Secretario General sería refrendado directamente por las bases del partido, lo que le daría un plus de legitimidad y evitaría, a su vez, derivas no queridas ni deseadas por ningún afiliado o simpatizante.

                El nuevo proyecto socialista en Aragón para la próxima década debe dar ejemplo de que los valores y principios que defiende se respetan en su propio ámbito interno. Mérito y competencia, participación y comunicación fluida, transparencia y apertura,… son valores y formas de actuar que transmitimos y defendemos, por lo que también deben primar dentro de nuestra propia casa.

Los congresos

                Cuando un proyecto está en ejecución, es lógico y normal que los congresos que se celebran a lo largo de su ciclo vital sean congresos de unidad y consenso. El proyecto necesita de las máximas energías, concentradas y sin desperdigar, para poder ser desarrollado con éxito en el tiempo. Es así como debe ser, y también se entiende con facilidad.

                Sin embargo, cuando los proyectos llegan a su fin, los congresos posteriores  a ese momento deben ser cónclaves donde prime la democracia interna y la sana y libre competencia por la definición del nuevo proyecto socialista. 

El apoyo ciudadano no volverá hasta que construyamos un nuevo proyecto a partir de un nuevo liderazgo, arropado por un nuevo equipo dirigente.

                Lo anterior no debe llevarnos a pensar que alguien sobra en el nuevo proyecto, todo lo contrario. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar, sólo se le pide compromiso y trabajo. Pero nadie puede estar dirigiendo los destinos de la organización de forma casi vitalicia, por encima de resultados electorales y de apoyos ciudadanos. De ahí que sea imprescindible, como en cualquier otra faceta de la vida, la renovación de los equipos dirigentes.

                Estos son los congresos del cambio, son los congresos de la definición del nuevo proyecto socialista para Aragón.

Las singularidades de Aragón y la crisis de la deuda soberana.

Parece que, aun con sobresaltos - aún quedan unos cuantos por venir -, la Unión Europea - es decir, Alemania y la Canciller Merkel - están haciéndose con la situación y están, efectivamente, aportando soluciones para resolver el problema de la deuda soberana de los países del Euro. 


Con todas las dificultades que desde aquí hemos venido apuntando, entre las que no es la menor convencer a su propio partido y a su electorado, Merkel está cumpliendo su parte del trato y va a poner el dinero necesario para defender la moneda única y, en definitiva, nuestro modelo de civilización, el europeo. En este punto es importante hacer notar que, desde el inicio de la tormenta, el SPD ha apoyado a la Canciller en esta materia porque ha entendido que lo que estaba en juego no sólo era una cuestión de Estado para Alemania, sino para toda la Europa unida. Se trata de un claro ejemplo de posición responsable ante una cuestión fundamental para el futuro del continente, renunciando, y demostrando por ello una gran altura de miras, a la posibilidad de utilizar la cuestión como un asunto más de debate en la batalla política partidista. Es curioso que siempre parecen tener más sensibilidad por los asuntos de Estado, en cualquier lugar, los socialdemócratas que los conservadores, pero esto queda para otra ocasión.


Parece también que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho y está haciendo lo que debe, lo que está en su mano, para contribuir a solucionar una situación que tenía, y sigue teniendo, mucho de inevitable tragedia. El compromiso de reducción del déficit presupuestario se va cumpliendo - al margen de toda la lista de reformas ya enumeradas en anteriores ocasiones -, y la prima de riesgo en nuestros bonos de deuda pública está ya claramente por debajo de Italia. 


Fijémonos en que, hasta la puesta en marcha de las reformas, España era considerada como uno más de los países "incumplidores" del Sur - ya hemos visto, también en anteriores ocasiones, que injustamente -, abocado irremediablemente al rescate financiero, tal y como ha ocurrido con Grecia, Irlanda y Portugal. El siguiente era España.


Pero España ha venido haciendo los deberes desde entonces, otros parece que no tanto, y lo que se cernía sobre nuestro horizonte como un mal inevitable ya no lo parece tanto. Hemos cumplido con nuestros socios europeos, y ellos van a cumplir con nosotros. Se puede decir un poco más claro: las medidas y las reforma aplicadas desde el Gobierno van a impedir lo que hace un año parecía casi verdad segura, que el país fuera intervenido. 


Pero el control del déficit público no sólo depende de las medidas del Gobierno central, a esos efectos también resulta obligado imponer límites al déficit de las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos. De hecho, los dos asuntos sobre lo que todavía seguimos sufriendo una vigilancia especial por parte de nuestros acreedores son, precisamente, la evolución del déficit de las Comunidades Autónomas - donde eran mayoría las que prácticamente en el tercer trimestre ya habían alcanzado el tope de déficit fijado por el Ministerio de Economía para todo el año -, y los balances de los bancos, afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. 


De ahí que sea tan importante cerrar cuanto antes la reforma de las cajas, y de ahí, también, que sea igual de importante no mandar señales a nuestros acreedores que pongan en duda los objetivos de déficit a los que se ha comprometido con nuestros socios europeos el Gobierno de la nación.


El problema que aparece en la cuestión autonómica es complicado, dadas las dificultades que siempre se dan en la negociación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Todo el mundo quiere más recursos para poder hacer más en su territorio y, así, poder rentabilizarlo electoralmente. En los últimos años, y a la vista de los resultados que en esta materia ofrece el modelo de concierto vasco, venimos observando que los partidos nacionalistas están orientando su posición hacia un sistema que sólo puede subsistir, precisamente, si no se generaliza, si sigue circunscrito a Navarra y el País Vasco - los derechos históricos de los territorios vascos los dejamos para otra ocasión también -. Su generalización, en todo caso, llevaría a la quiebra de la hacienda estatal, esta vez sí.


En estos días, los distintos gobiernos autonómicos deben tomar las medidas oportunas para cumplir con el objetivo del déficit fijado por el Ministerio de Economía. Ya vemos la forma que tienen de reducir gastos las Comunidades gobernadas por el PP, tampoco conviene olvidarlo, pues nunca puede ser justo ajustar gastos suprimiendo derechos fundamentales de los que menos tienen - la educación de sus hijos, la Sanidad pública y gratuita, las ayudas a la dependencia,... -. En Aragón, el PAR presentó una iniciativa en las Cortes esta semana en que pedía que se tuvieran en cuenta las "singularidades" de Aragón a la hora de fijar el techo de déficit de nuestra Comunidad. Es una forma de solicitar un trato "diferente" al Ministerio, haciendo valer unos argumentos y circunstancias propias que, es cierto, están recogidos en nuestro Estatuto - dispersión de la población, territorio del interior, estructura demográfica,...-, como otras "singularidades" están recogidas en otros. 


No entramos a valorar en este momento la virtualidad o no de esas circunstancias especiales que pueblan la práctica totalidad de los estatutos de segunda generación, los reformados en los últimos años. Pero nos atreveríamos a decir que su eficacia jurídica es cuestionable y, en cualquier caso, menor a la pretendida por el PAR.


En todo caso, y para concluir, se trata de un paso más dentro de ese camino emprendido por el PAR de apuntar hacia el modelo de concierto económico o, al menos, en este caso, de hacer valer las singularidades propias de Aragón para conseguir un techo de déficit mayor al que nos fija el Ministerio de Economía. El problema es, nuevamente, que estamos pidiendo algo que no es generalizable, porque, si lo fuera, España incumpliría sus compromisos de reducción del déficit con nuestros socios europeos. Y, si eso ocurriera, nuestros acreedores volverían a atacar a nuestra deuda con más ímpetu, poniendo en riesgo lo logrado hasta ahora, y volviendo a aparecer en el horizonte las sombras de la intervención de nuestra economía.


Cierto es que la situación política particular de cada territorio siempre tiñe todo del color propio del lugar. Pero, como venimos reiterando, vivimos momentos fundamentales para nuestro futuro, y la situación no sólo requiere seguir haciendo política al uso, sino hacer también Política de altura, lo cual significa, en este momento, ser solidario con los objetivos de interés general del país, que pasan por cumplir nuestros compromisos con nuestros socios europeos y evitar, de esta forma, que España se vea abocada a la intervención de su economía. 


Nada sería peor para Aragón y los aragoneses que España fuera intervenida.

El mejor Gobierno para el AltoAragón.

A estas alturas parece complicado llamar la atención de los ciudadanos para tratar de explicarles el grado de cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista en estos últimos cuatro años. Aunque ese, junto a las propuestas presentadas en el programa para el 20-N, debería ser el termómetro, la vara de medir, que nos permitiera evaluar el grado de cumplimiento de la palabra y compromisos de unos y otros.

Valorar ese grado de compromiso debería ser obligado para, entre otras cosas, poder predecir la verosimilitud de las propuestas para los próximos cuatro años que efectuamos en estos días. En anteriores textos hemos intentado explicar algunas de las causas y consecuencias de la complicada situación económica que atraviesa todo occidente. Como solía decir el Presidente Iglesias, Zapatero no era ni ha sido tan importante como para él sólo - siquiera acompañado del resto del Partido Socialista - hacer caer a las economías occidentales en la peor recesión que el mundo ha conocido desde 1.929. 

Habría, en consecuencia, que evaluar la gestión del gobierno en estos años según las decisiones políticas que ha tomado dentro de su ámbito de actuación, según las elecciones de inversión y las actuaciones decididas entre las diversas opciones que se plantean en cualquier acción de gobierno. Y la decisiones de inversión pública del Gobierno de la nación en estos últimos 8 años en el Altoraragón son una elección política cuyos importes, en lugar de acabar recalando aquí, lo podrían haber hecho en otro lugar.

Un nivel de inversiones en el Altoaragón como el experimentado en estos años es un hecho excepcional en la historia de nuestra Comunidad. Parece obvio que arrancar este tipo de decisiones en Madrid por parte de una provincia como la nuestra no es fruto ni resultado de haber utilizado las mismas reglas con las que negocian otros territorios más poblados y, por lo mismo, con mayor capacidad de presión en atención a los votos que representan. Parece razonable, en consecuencia, apuntar que el hecho diferencial es otro, y más cerca estaría de la capacidad de influencia que sobre el gobierno ha tenido un alto cargo del mismo durante estos años que de los motivos al uso en cualquier negociación política. 

El hecho diferencial es el trabajo del Secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán. 

Los ciudadanos que nos hemos visto beneficiados con la construcción de la autovía y con la riqueza y progreso que va a traer en estos años- compromiso casi personal de Morlán y que ha cumplido a pesar de las terribles dificultades de estos último años - veremos cómo, gracias a esta actuación, a lo largo de su eje van apareciendo en los próximos años polígonos industriales, superficies comerciales, nuevos asentamientos, puestos de trabajo,... 

Son tiempos difíciles para explicar esto, pero hay que hacerlo. Los ciudadanos están más en los 5 millones de parados, en casi la mitad de la gente joven desempleada y pensando, incluso, en emigrar en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades, ...; pero eso no puede ser óbice para reconocer que Víctor Morlán y el Partido Socialista han cumplido sus compromisos con la provincia de Huesca. Y detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo del Secretario de Estado de Infraestructuras.

Ese trabajo hay que valorarlo y agradecérselo a quien se ha dedicado a servir a su tierra desde el puesto de responsabilidad que ha tenido en estos años. 

¿Por qué hemos reformado la Constitución?

Desde que el Presidente Rodríguez Zapatero anunció la urgente reforma del artículo 135 de la Constitución de 1.978, muchas han sido las voces provenientes de nuestro entorno ideológico más cercano mostrando su legítimo desacuerdo y malestar. Opiniones que se han visto también acompañadas de la oposición a la reforma por parte de los partidos nacionalistas.
Los primeros sustentan su posición en que la inclusión en la Constitución de un techo de déficit supone la asunción de un principio ideológico conservador en un texto que no debe nunca inclinarse en el terreno de los principios hacia ninguna de las opciones políticas o filosóficas en liza. Al introducir este principio en el texto se quebraría su equilibrio ideológico, sustrayendo a futuros gobiernos el recurso a uno de los instrumentos fundamentales de la política económica de orientación keyenesiana como es el recurso a la deuda y a los estabilizadores automáticos en época de crisis.
Los segundos aluden más a las formas, al hecho de que, al venir ya pactada la reforma por los dos grandes partidos - suficientes para alcanzar la mayoría de 3/5 que fija la Carta Magna - y a la premura de la misma, se ha orillado el concurso de quien estuvo en el consenso constitucional desde el inicio - CiU -, creando un precedente que, reconozcámoslo, trae algo de intranquilidad y desasosiego.
Ambos pueden tener parte de razón. Pero en momentos como los que estamos viviendo se echa en falta un poquito más de grandeza y un menos de interés propio, porque ninguno de ellos puede desconocer la realidad a la que nos enfrentamos, ni la situación límite que afrontamos como país y como proyecto europeo.
Somos parte de un club de privilegiados, empecemos por aquí. Europa significa libertad, desarrollo, progreso, igualdad de oportunidades, derechos sociales, protección de los débiles, ... es la concreción más perfecta de Estado social de derecho desde el principio de los tiempos. Nadie puede oponer otro ejemplo mejor. Convinamos, pues, en decir que Europa, la Unión Europea, nos ha venido muy bien y la necesitamos. Sin ella habríamos vivido, y viviríamos, mucho peor.
Las decisiones en el seno de la UE se toman por consenso y mediante acuerdos. Y la decisión que ha traído como consecuencia que el Banco Central Europeo compre nuestros títulos de deuda en el mercado secundario haciendo con ello que nuestra prima de riesgo caiga, a la vez que aquella que va a permitir la emisión de deuda europea como tal - los famosos eurobonos -, abandonando la emisión por parte de cada país, también se ha tomado por acuerdo. No conviene, tampoco, perder de vista que el porcentaje que cubre Alemania del nuevo y ampliado fondo de rescate alcanza el 27 % del total.
Y Alemania, como el resto de países de la Unión, deben aprobar en sus respectivos parlamentos estas medidas. Todas esas asambleas legislativas son como las nuestras, interviene el juego de la política, el tacticismo, el momento y la circunstancia, general y de cada cual ... y ya se oye que va a haber problemas en algunos países a la hora de las votaciones en sus respectivos parlamentos - Alemania, Holanda, Finlandia,...-.
Las decisiones y acuerdos consensuados suponen que todo el mundo cede algo de su posición para acercarse a un espacio compartido y común. Alemania acepta salvar el Euro, acepta pagar casi un tercio de toda la factura de esta crisis de deuda, pero eso le va a poner en muchos aprietos con su propio electorado, que no quiere pagar por los "desmanes de los despilfarradores y manirrotos del sur" -. Necesita, pues, una salida.
La salida que el resto de países  -los que vamos a ser salvados por Alemania, no lo olvidemos - le da a la Canciller Merkel es, precisamente, la garantía de que algo así no va a volver a ocurrir: la constitucionalización del techo de déficit en los textos de cada país, como ya hicieron los propios alemanes hace un par de años.
Alemania acepta pagar la factura, pero a cambio quiere garantías y una salida con su propio electorado - la valoración de la Canciller en su país, como la de todos los gobernantes que se han enfrentado a esta recesión, está en unos porcentajes también muy bajos -.
Este es el acuerdo, y estas son sus condiciones.
¿Hubiera sido deseable que el proceso de reforma constitucional se hubiera hecho en todos los países a la vez?, sí, es cierto. ¿Hubiera sido mejor hablar con CiU desde el inicio y así incorporarla al consenso que de fondo comparte? - Convergencia milita en el mismo partido que la CDU, el partido de la Canciller, en el Parlamento Europeo -, también. ¿Es necesario reformar la Constitución para introducir en la legislación el techo del déficil?, parece que no - aunque bien es cierto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2.006 no ha impedido que alcanzáramos el 9% de déficit en estos últimos años de tremenda recesión -. Pero este es el momento excepcional que nos ha tocado vivir, y afrontar.
Hemos reformado la Constitución, en consecuencia, porque respetamos los acuerdos alcanzados en el seno de la UE, de la que formamos parte junto al resto de nuestros socios.
Hay otra salida, también es cierto: abandonar la UE, y así no respetar esos acuerdos "dictados por los mercados financieros y las potencias extranjeras". Pero las consecuencias serían las siguientes: incremento desorbitado de la prima de riesgo; intervención del FMI y ajuste drástico, sin margen, en el presupuesto en forma de recortes sociales; más familias y personas en dificultades y, por último, diez años de estancamiento económico, sin posibilidad de reducir los índices de desempleo entre tanto. En fin, algo parecido al infierno.
El Presidente Zapatero y el PSOE han hecho, una vez más, un ejercicio de responsabilidad que está a la altura de los tiempos.